Dos funcionarios del hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante son señalados como los responsables de causar la muerte inintencional de cuatro de los ocho neonatos que fallecieron en esa casa de salud.
La Fiscalía del Guayas emitió ayer el dictamen acusatorio en contra de Ricardo Alberto Alcívar Zambrano, jefe del área de neonatos, y Patricia Araceli Parrales Cedeño, directora técnica del centro hospitalario.
Margarita Neira, en representación de la Fiscalía, pidió ante el Juzgado Tercero de Garantías Penales que se llame a juicio a los dos implicados por la falta de precaución que hubo para evitar el contagio de los infantes.
Ambos funcionarios fueron acusados por Neira como autores de homicidio inintencional, al considerar que sus cargos respondían a la toma de decisiones que permitieran dar paso a erradicar la bacteria.
“Al primero (Alcívar Zambrano) no se lo está culpando de lo que es la serratia marcescens, porque no está en su rol… pero sí tenía que establecer las medidas de prevención para evitar el contagio de los infantes que estaban en su área”, relató la fiscal a cargo del caso. “Si bien no pudo prevenir la muerte de los niños Zabala Andrade, Herrera Arreaga y la niña Fernández Zambrano, porque cuando se percataron de que estaban infectados y era demasiado tarde… sí pudo evitar el contagio de los otros dos niños: Samaniego Torres y Cedeño Alvares. La culpa se presenta por la violación del deber de cuidado”, aclaró.
A la directora técnica del hospital, en cambio, se le atribuye responsabilidades “porque debía establecer, tanto médica como administrativamente, todas las medidas de prevención para evitar que la serratia marcescens, una bacteria agresiva que había existido desde hace mucho tiempo en el hospital, no produzca más muertes de niños, como había pasado anteriormente”.
Dentro de la instrucción fiscal iniciada en este caso se determinó además que el ingeniero Lauterio Aurelio Nareda, jefe del área de mantenimiento, no tuvo responsabilidad en las muertes de los menores.
Así lo argumentó Neira al aclarar que se abstuvo de acusarlo porque -según la investigación- cumplió su rol al solicitar a la directora Parrales que dé paso al cambio a la red de tubería habilitada en el área, pero no se tomó en cuenta el petitorio.
La funcionaria recordó que, de acuerdo a las pruebas realizadas para determinar la presencia de la bacteria, los grifos eran los principales ductos contaminados.
Eduardo Díaz Navarrete, del Juzgado Tercero de Garantías Penales, presidió la diligencia en la que las partes presentaron sus argumentos.
En la audiencia también estuvo presente el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, quien decidió presenciar el dictamen de Neira para verificar que los argumentos acusatorios sean los necesariamente sostenibles.
“Este es un caso importante (y) la fiscal ha hecho un gran trabajo… Iremos a un juicio penal con las personas que han sido llamadas (luego de que el juez así lo acepte)”, aseveró el funcionario.
Dijo que la Fiscalía maneja la teoría de que muchos de esos niños murieron por la infección de una bacteria, pero también es cierto que la condición de otros infantes, que se encontraban en inmunología muy débiles, provocó sus muertes.
No obstante, señaló que no se han establecido procedimientos y protocolos que debían cumplirse para evitar los decesos.
Hasta la tarde de ayer se desarrollaba la audiencia con la intervención de los abogados defensores de los implicados.
