Los diputados franceses aprobaron este miércoles de forma definitiva la ley que retrasa dos años la edad de jubilación y la fija a 62 años como mínimo, en un polémico texto que acaba su trámite parlamentario en medio de nuevas convocatorias sindicales para protestas y huelgas.
Un día después de que recibiera el respaldo definitivo de los senadores, en la Asamblea Nacional la mayoría conservadora del presidente francés, Nicolas Sarkozy, y los centristas reunieron 336 votos, frente a los 233 de la oposición de izquierdas.
La entrada en vigor del texto queda ahora pendiente de la decisión del Constitucional sobre el recurso presentado por el Partido Socialista, última etapa antes de que sea promulgada la ley por el presidente, lo que se prevé que suceda a mediados del mes próximo.
Para entonces, el derecho a la jubilación a los 60 años introducido por François Mitterrand en 1982, formará parte de la historia y los franceses no podrán retirarse antes de los 62.
O a los 67, frente a los 65 actuales, si quieren cobrar su pensión sin descuentos, según una ley que irá aplicándose de forma progresiva hasta 2018.
«El Gobierno ha ganado la batalla pero el combate prosigue», aseguraron desde los escaños socialistas, que han mostrado su intención de restablecer la edad mínima de jubilación a 60 años si vuelven al poder.
El ministro de Trabajo, Eric Woerth, que ha defendido el texto en las dos cámaras acusó de irresponsabilidad a la oposición por no sumarse a una reforma que considera imprescindible, como, según alega, pone de manifiesto el hecho de que todos los países vecinos lo han aprobado o están haciéndolo.
El primer ministro francés, François Fillon, aseguró que el texto aprobado «aligerará el peso del déficit que sobre las siguientes generaciones» y «blinda el régimen de pensiones por repartición frente a las consecuencias del envejecimiento demográfico».
«Nuestros ciudadanos pueden mirar el futuro de sus pensiones con algo más de serenidad. Podemos decir a nuestros hijos que asumimos esfuerzos para que ellos no tengan que hacerlo en nuestro lugar», agregó el jefe del Gobierno en un comunicado.
La satisfacción en el campo gubernamental contrasta con la rabia que muestra la oposición de izquierda y los sindicatos, que han visto como su esfuerzo constante de movilización de sus bases no ha servido para detener la ley.
