Se espera que el traslado del ex general, que gobernó de facto Panamá entre 1983 y 1989, se concrete en los próximos meses, sobre todo porque solo se demoraría si éste presentara un recurso de anulación, lo que no parece probable.
El decreto fue ratificado el pasado 6 de julio por el primer ministro francés, François Fillon, indicaron fuentes de ese gabinete, y le fue notificado a Noriega el pasado viernes por la Fiscalía general de París.
El Ministerio francés de Asuntos Exteriores precisó que Noriega dispone ahora de un mes para recurrirlo y, si decide no anularlo, será comunicado oficialmente a las autoridades panameñas, que «tendrán que organizar su traslado con la mayor brevedad».
Dado que Noriega cumple condena en París por blanqueo de capitales, la extradición no podrá ser efectiva hasta que se pronuncie en ese sentido un juez de la ejecución de penas, ante el cual está prevista una audiencia a principios del mes próximo.
La embajada panameña en París ha declinado pronunciarse sobre el proceso contra Noriega, que en agosto del año pasado aceptó ser entregado a su país, donde tiene condenas pendientes superiores a 60 años de prisión por cinco sentencias relacionadas con delitos que van desde el asesinato a daños medioambientales.
Todas esas penas son firmes y fueron dictadas en ausencia, pero, de acuerdo con el Código Penal con el que fue juzgado y condenado, no superan en la práctica los 20 años de cárcel y podrían ser cumplidas en régimen de prisión domiciliaria, un derecho al que podría acogerse por tener más de 70 años.
No obstante, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, hizo público a finales de junio su deseo de que en cuanto llegue comparta celda con otros ocho presos en una cárcel en la que no goce de ningún tipo de privilegio.
Entre las causas por las que el Gobierno de Panamá pidió su extradición figura el asesinato del dirigente opositor Hugo Spadafora y la muerte y desaparición en 1970 del líder opositor Heliodoro Portugal.
Su traslado a Francia en 2010 para ser juzgado por blanqueo de capitales supuso para Noriega un duro golpe porque siempre había solicitado ser devuelto a Panamá por la condición de prisionero de guerra que se atribuye, acogiéndose a la Convención de Ginebra.
El exgeneral se entregó en enero de 1990 a las tropas estadounidenses que días antes habían invadido Panamá con la intención de detenerle y «restablecer la democracia» y, un año después, fue juzgado por narcotráfico y blanqueo de dinero, delitos por los que acabó cumpliendo 20 años de cárcel.
Se le extraditó a Francia procedente de Estados Unidos y, dado que se halla en la actualidad en territorio francés a tenor de la petición cursada por el Gobierno galo, EEUU debía dar en un primer momento su aprobación para que fuera devuelto de nuevo a su país.
La embajada estadounidense en Panamá comunicó el pasado 19 de junio que su Gobierno había dado en mayo su visto bueno, tras lo cual se iniciaron las gestiones para el procesamiento del decreto.
En una carta fechada el pasado 12 de abril y enviada a través de sus hijas al diario «Panamá América», Noriega subrayó que «en ningún momento» se había negado a cooperar con la Justicia panameña y que así lo reiteró «en varias ocasiones» desde Estados Unidos.
Con ello incidió en su demanda de ser enviado a su país, después de considerar que su entrega a Francia y el juicio al que se le sometió en París formaron parte de «la misma conspiración» que EEUU organizó para condenarlo, como supuesta represalia por negarse a intervenir en Nicaragua contra los sandinistas en la década de los ochenta.
