La Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República respondió al pedido realizado por el asambleísta Galo Lara, a través del oficio número AN-GL-2011-1812. El 24 de junio, el legislador solicitó información privada del Presidente Rafael Correa (copia de la escritura de compra-venta de un inmueble en Bélgica y los datos del vendedor del bien).
El Primer Mandatario en rueda de prensa en Loja, clarificó la compra de un inmueble para su familia con parte de lo que recibió como indemnización del Banco del Pichincha en un juicio por daño moral entablado en contra de la entidad bancaria.
El 28 de abril de 2010 la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia falló favorablemente en el juicio que siguió a la referida entidad bancaria y ordenó la indemnización por $ 600 000 como reparación al daño moral irrogado por el banco que lo colocó en la central de riesgo como deudor moroso y que bloqueó su derecho a ser calificado como sujeto de crédito en todo el sistema financiero nacional por cinco años. El perjuicio fue doble ya que la publicación de la lista, en donde se lo señalaba como un supuesto moroso, se la hizo cuando el Presidente Rafael Correa se desempeñaba como ministro de Economía, lo que también afectó a su imagen pública.
Ante el pedido que no tuvo base legal alguna, según señala la Secretaría Jurídica , a través de un oficio con fecha 4 de julio, se puntualizó al asambleísta del partido de oposición Sociedad Patriótica que las atribuciones como asambleísta son insuficientes para solicitar esos datos de un acto de orden privado. (ver carta).
Sin embargo, en la carta se puntualiza que por propia iniciativa del Primer Mandatario se le podría remitir la información siempre y cuando el asambleísta también entregue la siguiente documentación: copia certificada de la escritura pública de compra-venta de la casa que adquirió en la Urbanización Palmar del Río en Guayaquil, justificando el origen de los fondos para comprar ese inmueble. Asimismo, la Secretaría Jurídica le pide a Lara que informe documentadamente los hechos que han dado lugar a los juicios en los cuales Lara ha sido demandado o enjuiciado, especialmente, el que se instauró en su contra cuando murió Liliana Mireya Aspiazu, por disparo de arma de fuego, causa en la que tuvo orden de prisión que no se aplicó por haberse convertido en “fugitivo de la justicia”, dice la misiva oficial.
