En el sector ganadero hay expectativa por conocer el contenido del Reglamento a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos al Estado, que en su artículo 22 dispuso la implementación de un crédito tributario aplicado al Impuesto a las Tierras Rurales.
El documento aún se pule entre los ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y de Medio Ambiente.
Según la norma, los hacendados del sector rural debían pagar el uno por mil por cada hectárea que sobrepasara el límite de las 25 hectáreas. Dirigentes de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos y de la Federación Nacional de Ganaderos coinciden en que los recursos destinados para pagar la obligación tributaria se podrían utilizar en mejorar la infraestructura de sus fincas o aumentar la producción de sus animales.
Enrique Baquerizo, gerente del gremio de la Costa, manifestó que cuando se elaboró el cuerpo legal no se hizo una diferenciación entre lo que son tierras productivas y las no productivas. “Quienes somos productores, en nuestro caso de lácteos y de cárnicos deberíamos estar exentos del pago de ese impuesto y aquellos dueños de tierras que no están siendo trabajadas son los que sí deberían cancelar”, sentenció.
Agregó que preferirían invertir el dinero de los tributos en dotar de vitaminas, minerales y cuidados sanitarios de sus animales.
Además, explicó que es difícil determinar cuántas propiedades del país tienen 25 hectáreas y son ganaderas, ya que no hay un catastro en ese sentido.
“Puede haber una familia en el campo que tenga una finca de ese tamaño y apenas dos vacas con las cuales subsisten para el día. A ellos no se los puede considerar como ganaderos”, puntualizó.
José Zambrano, titular de la federación que agrupa a unas 22 asociaciones nacionales, indicó que han solicitado a las autoridades una reunión para exponer sus puntos de vista sobre el reglamento.
“Este tema se lo tiene que analizar con la gente del campo. Los que estamos metidos en las haciendas”, remarcó. El dirigente planteó que en retribución a una eventual exoneración de impuestos, en la reglamentación se puede incluir una norma que obligue a los hacendados a sembrar árboles en el 10% de sus terrenos. “El Presidente dijo que la reforestación era una alternativa para nosotros”, subrayó.
Asimismo, Zambrano estimó que con el dinero que van a pagar al Servicio de Rentas Internas (SRI) podrían tecnificar sus instalaciones. En Ecuador hay 14 millones de hectáreas de tierras en el sector rural, de las cuales solo 4 millones son cultivadas.
Este Gobierno, expresó el ex ministro de Agricultura Ramón Espinel, tiene planificado expropiar 2,5 millones de hectáreas para entregarlas a cientos de familias que las quieren trabajar.
Mientras tanto, 177 familias se beneficiaron con la adjudicación de 583,89 hectáreas del predio Leopoldina, ubicado en el cantón Colimes, provincia del Guayas.
La entrega de los títulos de propiedad la realizó el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), a través del Viceministerio de Desarrollo Rural, la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria y su Proyecto Plan Tierras.
Los beneficiarios son ciudadanos de la Asociación Montubia de Agricultores de Colimes (Asomac), la Asociación de Agricultores Arroceros, Cacaoteros y Plataneros “Primero de Junio” y la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agrícolas Autónomos “La Lagartera”.
El valor de esta adjudicación es $ 531.184,90 por la compra de la tierra y el monto del crédito productivo es $ 700.492,85, el que fue otorgado por el Banco Nacional de Fomento (BNF).
