El ministro del Interior, José Serrano, defendió el operativo que se desarrolló en las zonas de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, el pasado 21 de mayo, para combatir la actividad minera ilegal.
El secretario de Estado dijo que no se destruyeron maquinarias, sino armas que eran utilizadas para delinquir contra los derechos de las personas y la naturaleza, durante su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, para justificar los motivos del operativo.
Acusó a las “seudo autoridades”, que no hicieron nada por detener la minería ilegal y proteger la vida de las personas. ”Y ahora estas mismas seudo autoridades realizan acusaciones temerarias en mi contra”.
Por tanto, enfatizó que continuará con acciones legales y jurídicas, que permitan defender la vida de los comuneros de esta zona, que han sido tratados como esclavos por los responsables de esta actividad ilícita.
El ministro Serrano, anotó tres causas legales en las que se desarrolló el operativo, enmarcado en la Constitución: a la fecha de la intervención, estaba vigente el estado de excepción, existió las medidas cautelares dictadas por el juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha y porque está dentro de un plan interno de las Fuerzas Armadas.
Respecto a las acusaciones del asambleísta del Movimiento Popular Democrático, Linder Altafuya, que lo vinculó con una supuesta propiedad minera en la provincia de Esmeraldas, Serrano indicó que sus cuentas bancarias y las de su familia están abiertas para investigaciones.
Durante el operativo militar, fueron inhabilitadas 67 retroexcavadoras que se usaban para extracción ilegal de oro en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia norteña, fronteriza con Colombia.
A la audiencia convocada por los asambleístas, asistieron los representantes de los Ministerios de Defensa Nacional, del Ambiente y Recursos No Renovables; así como representantes de las comunidades de Esmeraldas que son afectadas por esta actividad ilícita.
