El ministro ecuatoriano de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, declaró hoy que la consulta popular sobre minería realizada en comunidades azuayas (sierra sur) es “totalmente ilegal”.
Rechazó que dirigentes políticos de oposición al gobierno y activistas ecológicos hayan organizado este proceso al margen de las leyes vigentes en el Ecuador.
El funcionario, cuya cartera es responsable, entre otras, de la minería en el país, señaló que “solamente el Estado ecuatoriano puede hacer consultas válidas a través de las normas vigentes, llamando al Consejo Nacional Electoral”, dijo.
El pasado 2 de octubre se realizó una consulta comunitaria en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, en la provincia austral de Azuay. La pregunta planteaba: ¿Está usted de acuerdo que se dé explotación minera en los páramos y fuentes de agua de Quimsakocha?
“Los minerales son de todos los ecuatorianos y son propiedad del Estado”, aclaró Pástor. Al mismo tiempo, recordó que los procesos consultivos son responsabilidad del Estado y esta responsabilidad es indelegable. “Solo el Estado puede hacer consultas válidas”, sentenció.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, dijo a la Agencia Andes que los comuneros no pidieron el aval del organismo rector del sufragio para realizar la consulta. Por tanto, dijo que los resultados no tienen alguna validez.
La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, sostuvo que la consulta fue promovida por la Prefectura de la provincia del Azuay, “por tanto no tendría ningún valor”.
“No ha sido una consulta previamente convocada, analizada, o puesta en marcha por el Consejo Electoral que es el ente competente”, agregó.
A criterio de Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, la consulta comunitaria fue un ejercicio en defensa de los derechos colectivos. El proceso arrojó un triunfo contundente del No, con 958 votos, contra 47 del Sí, 18 blancos y 14 nulos.
El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, desconoció la legalidad de la consulta no porque la haya impulsado una organización comunitaria, sino porque la Constitución dice que debe enmarcarse en las directrices de los reglamentos e instituciones pertinentes, en este caso el Consejo Nacional Electoral, CNE.
En declaraciones a diario El Tiempo, Granda manifestó que la consulta no es vinculante, y más que solución, será un obstáculo.
