La embajada de Estados Unidos en Colombia conoció desde el 2008 que el gobierno de álvaro Uribe utilizó estratégicamente el contenido de los llamados correos del fallecido líder de las FARC Raúl Reyes, para afectar a los presidentes del Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, revelaron cables de Wikileaks difundidos por diario El Espectador.
La representación diplomática estadunidense sabía que Uribe consiguió fondos privados para que un organismo extranjero (ISSS -Instituto de Estudios Estatégicos Británico) aportara las conclusiones.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia concluyó que el contenido de los computadores del jefe guerrillero es ilegal como prueba judicial, por violación al debido proceso en cuanto a la forma como se obtuvo la información en territorio ecuatoriano durante la incursión del Ejército colombiano, el 1 de marzo de 2008.
El primer cable se redactó apenas un mes después de la operación militar contra Raúl Reyes en el Ecuador, y según él, tanto el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, como el viceministro Sergio Jaramillo habían confirmado que se planeaba utilizar el material incautado para probar conexiones de los presidentes de Venezuela y Ecuador con las FARC.
El reporte diplomático registró que Jaramillo fue designado por el Gobierno para desarrollar la estrategia de uso de los contenidos del computador de Reyes.
El informe detalló cómo se tenía previsto un término de cuatro a seis semanas para que el Gobierno entregara información selectiva a medios de comunicación en Estados Unidos, España, Colombia y otros países de América Latina. Los temas que debían posicionarse eran las FARC y el presidente Hugo Chávez, las FARC y el presidente Rafael Correa, las FARC y el tráfico de drogas y las FARC y los secuestrados. En cada caso, el Gobierno debía tener el máximo cuidado para evitar que se filtrara información que resultara dañina para la administración Uribe, publicó El Espectador.
Añade que el plan se complementaba esperando que la Interpol verificara la integridad de los computadores, para después entregarle el material a una organización independiente que no se identificara con los gobiernos de Colombia ni de Estados Unidos.
El reporte a Washington concluyó que, según Jaramillo, ya había suficiente evidencia de incriminación que había sido filtrada y que el siguiente paso era entregar información a países selectos y comenzar las acusaciones domésticas.
Eso sí, Jaramillo le insistió a Estados Unidos que mantuviera un bajo perfil sobre el asunto, especialmente entre los países de América Latina. La prueba del éxito de la estrategia utilizada con los llamados correos de Raúl Reyes vino a ratificarse en un cable diplomático fechado a finales de mayo.
En dicho reporte, la embajada informó a Washington que el fiscal Mario Iguarán había anunciado una investigación formal contra 12 personas por presuntos nexos con las FARC, y que la evidencia era el material incautado en el ataque a Raúl Reyes. La lista la encabezaban la entonces senadora Piedad Córdoba, los representantes del Polo Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, el excandidato presidencial álvaro Leyva y el editor del periódico Voz, Carlos Lozano. El cable recogió el debate político que se armó en Colombia a raíz de las decisiones judiciales.
Después el tema del computador de Reyes dejó de ser prioritario, y tomó el curso que planeó el Gobierno. Por eso, sólo hasta septiembre del 2009 vuelve a aparecer un reporte diplomático. Esta vez para manifestar que, según el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos en Londres (ISSS) planeaba publicar los contenidos de los discos duros de los computadores recuperados por las Fuerzas Armadas durante la acción militar contra Raúl Reyes, en marzo de 2008.
Y en el mismo cable quedó develada una situación oculta. El entonces viceministro Sergio Jaramillo manifestó que el Instituto planeaba entregar la información en dos fases. Primero un análisis académico y luego una publicación con un archivo de búsqueda, pero lamentó que sus reportes estuvieran retrasados. De todos modos, explicó Jaramillo a la embajada que el Ejecutivo (Uribe) se había asegurado de conseguir fondos privados para que financiaran el proyecto, para de esta manera evitar que se hicieran conexiones con el Gobierno de Colombia.
