El Ministerio de Justicia presentó este jueves una denuncia en la Fiscalía para que se investigue una presunta matanza a miembros del pueblo Taromenane (no contactados) por parte de indígenas del pueblo Waorani, producto de una venganza.
Diego Guarderas, subsecretario de Justicia presentó el escrito en el Ministerio Público con el fin de aportar con datos para la investigación que lleva delante de oficio la Fiscalía.
El funcionario dijo se pide en la denuncia la toma de versión del presidente de la nacionalidad Waorani, Cawetipe Yeti, quien en declaraciones a medios de comunicación afirmó que tras el asesinato a los indigenas waorani, se organizó una excursión a la selva para realizar un venganza, producto de la cual habrían sido asesinados varios indígenas taromenanes.
El funcionario explicó que el documento presentado este jueves no es una denuncia en contra de nadie en específico, sino que se pide las investigaciones correspondientes.
«Es una diligencia de trámite (…) queremos colaborar y sumarnos a la investigación (…). Como Ministerio nos corresponde dar seguimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», manifestó.
En el 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de los pueblos no contactados, ate ello, el Estado se comprometió a proteger su territorio y a impedir las actividades de terceros que pudieran poner en peligro la supervivencia de estos pueblos.
El pasado marzo se hizo pública la matanza de dos indígenas del pueblo Waorani en la provincia amazónica de Orellana presuntamente por miembros del pueblo Taromenane.
Ante este hecho, familiares de los indígenas asesinados supuestamente habrían realizado una excursión al interior de la selva para cobrar venganza.
Hasta ahora no se confirma si este ajuste de cuentas produjo una matanza de la población Taromenane, pero si se confirmó que dos menores de edad de esta comunidad fueron llevadas, tras el ataque, hasta la comunidad Waorani, donde recibieron atención médica.
Las autoridades han realizado sobrevuelos en la zona, sin embargo las condiciones climáticas y geográficas han impedido que se haga un aterrizaje y se confirme el supuesto hecho de sangre.
Varios sectores atribuyeron este conflicto a las incursiones de empresas petroleras en el lugar, sin embargo el presidente de la República Rafael Correa lo ha desmentido.
El jefe de Estado, en su informe semanal de labores a la ciudadanía, calificó al hecho de «extremadamente complejo» y criticó el tratamiento informativo que han dado varios medios de comunicación al hecho.
