El Gobierno Nacional desestimó hoy la denuncia por etnocidio presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) ante la Fiscalía General del Estado. La organización indígena se encuentra en plena campaña de elección de sus directivos, por lo que la acción judicial se estima desde el régimen como un acto político.
La denuncia acusa al presidente de la República, Rafael Correa; al asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; al secretario de la Administración, Vinicio Alvarado; a los ministros de Ambiente, Marcela Aguiñaga; de Recursos no Renovables, Wilson Pastor; y al ex ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, entre otros funcionarios, por “haber promovido actos gubernamentales conducentes a la explotación petrolera de áreas del territorio ancestral de los pueblos indígenas no contactados”.
Desde Carchi, en una entrevista radial, el presidente Rafael Correa, minimizó la denuncia y se limitó a calificarla como “ridícula” y que más bien (los dirigentes indígenas) le hacen un favor. Mientras, la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, dijo a la Agencia Pública de Noticias ANDES que considera que hay una confusión en los dirigentes indígenas quienes argumentan una supuesta explotación del campo ITT (Ishpingo Tambococha Tiputini), algo que no es real.
“En primer lugar es un acto absolutamente político que contradice a la verdad”, señaló Aguiñaga y refirió que los dirigentes indígenas hablan también de la explotación del campo Armadillo y no se toma en consideración que, más bien, en esa reserva el Estado tomó acciones de protección a los pueblos ancestrales.
“Este ha sido el único gobierno que tiene una política de protección a los pueblos indígenas aislados y a su determinación. Adicionalmente (el Gobierno) ha creado planes, acciones, actividades para reducir alguna situación de peligro, inclusive en el campo Armadillo que es otra de las cosas que han declarado”, sostuvo la funcionaria.
Una numerosa delegación conformada por Marlon Santi, presidente de la Conaie; Delfín Tenesaca presidente de la Ecuarunari; Tito Puenchir Presidente de Confinae; Olindo Nastacuaz presidente de la Conaice; Rafael Antuni Catani, coordinador nacional del Movimiento Pachakutik; junto a los asambleístas Clever Jiménez, Magali Orellana, Gerónimo Yantalema, presentó la denuncia el martes ante la Fiscalía, acompañados de una gran cantidad de medios de comunicación.
Jiménez fue el legislador que el 30 de septiembre de 2010 a las 10:03, durante la sublevación policial e intento de golpe de Estado, hizo circular un correo electrónico donde exigía la renuncia del presidente Correa, argumentando que el país atravesaba una grave crisis interna y conmoción social.
“Evidentemente aliada aquí la Conaie y Pachakutik no es otra cosa que un mensaje muy claro, politiquero, en esta época de campaña”, dijo la ministra Aguiñaga a ANDES.
Explicó que una vez abierto el proceso de investigación del delito del cual se los acusa comparecerán a las diligencias que el Ministerio Fiscal requiera.
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