El gobierno español prosigue este jueves su lucha contra el déficit con un presupuesto 2013 que prevé 39.000 millones de euros de ajuste, incluida una nueva congelación del sueldo de los funcionarios, pese al creciente malestar social y con la perspectiva del rescate cada vez más cerca.
Tras reducir sus salarios en un 5% en 2010 y congelarlos durante dos años consecutivos, el gobierno anunció el miércoles a los sindicatos de funcionarios que volverán a sufrir medidas de austeridad en 2013.
«Nos han informado que se congela el sueldo para el año que viene», explicó una fuente del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), mayoritario entre los trabajadores públicos, tras una reunión con miembros del gobierno del conservador Mariano Rajoy.
Según dicha fuente, los funcionarios volverán a cobrar en 2013 una prima de Navidad que no percibirán este año y cuya supresión representa un recorte del 7% en su sueldo anual.
En una reunión extraordinaria del consejo de ministros, el ejecutivo de Rajoy se dispone a proseguir con su esfuerzo por reducir el déficit público a 2,8% del PIB en 2014 frente al 8,9% de 2011, para lo que ya anunció ajustes de 150.000 millones de euros.
Los presupuestos para el próximo ejercicio prevén una reducción media del 12% en el gasto del conjunto de ministerios que irá, según la prensa española, entre un 4% para Justicia y un 30% para Agricultura.
El proyecto de presupuesto tiene en cuenta los efectos de la subida del IVA y de otros tributos, con los que prevé recaudar 15.000 millones de euros. Otros 7.000 millones deberían llegar de recortes en las Comunidades Autónomas, que gestionan los presupuestos de sanidad y educación.
El resto de ahorros procederá de la reducción de las prestaciones por desempleo y ayudas sociales, así como de la congelación de las contrataciones en el sector público. El objetivo es reducir a 4,5% en 2013 un déficit público que Madrid se comprometió a limitar al 6,3% este año.
El consejo de ministros también debe presentar un nuevo paquete de reformas, negociado con Bruselas, para estimular la actividad de las empresas españolas y sus exportaciones, que según los analistas, podría ser el paso previo a una solicitud de recate global para la economía española.
Tras negarse durante meses a hablar de un rescate, Rajoy sorprendió el miércoles en una entrevista al diario estadounidense Wall Street Journal: si el coste de financiación de España en los mercados se mantuviese «demasiado alto durante demasiado tiempo (…) puedo asegurarle al 100% que pediría ese rescate» global, afirmó.
Ante las vacilaciones de Madrid a acogerse a ese balón de oxígeno, los mercados volvieron a presionar a España el miércoles poniendo fin a las semanas de relajación que siguieron al anuncio de medidas de apoyo por parte del Banco Central Europeo.
El interés del bono español a diez años volvió a superar la barrera simbólica del 6% y la bolsa de Madrid perdió 3,92% al cierre.
Los mercados esperan también la publicación el viernes de las auditorías independientes que deben determinar cuánto de los 100.000 millones de euros prometidos por la Eurozona necesitará España para salvar a un sector bancario muy debilitado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria española en 2008.
Si después de todo esto el país sigue sin convencer, la sanción no se hará esperar. La agencia de calificación Moody's tiene de plazo hasta el domingo para tomar una decisión que podría degradar la nota de la deuda española al bono basura.
Mientras tanto, el malestar en la calle no deja de crecer. El martes, una protesta del movimiento social de los 'indignados', que intentó rodear el Congreso de los Diputados en Madrid, degeneró en violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía.
Pero, mostrando su determinación, al día siguiente miles de personas volvieron a congregarse ante el Parlamento con gritos de «Gobierno dimisión».
Este jueves está prevista una marcha bajo el lema «La Educación no es gasto, en inversión. No a los recortes», en defensa de una educación pública que ua se vio duramente afectada por la austeridad.
