El Gobierno adelanta las investigaciones por las amenazas de muerte que ha recibido la gobernadora del Carchi, María Helena Villarreal, y que se ha extendido contra sus familiares.
Las amenazas fueron enviadas a través de correos electrónicos, el pasado viernes, por un grupo denominado Brazo Armado del Frente por la Defensa de la Democracia y la Libertad.
Entre epítetos irreproducibles, el citado grupo hace una advertencia explicita: “Espere la invitación al sepelio del papá de la Gobernadora (…) un día cualquiera, a menos que renuncie a tiempo”. En otra parte, indican: «hemos considerado oportuno darte un tiempo más que suficiente para que renuncies, pero no lo haz (sic) hecho, al contrario haz (sic) reforzado tu seguridad personal (que de nada te va a servir)».
Este hecho coincide con el plazo de ocho días que la autodenominada “Asamblea Popular” dio a la representante del Ejecutivo para renunciar. La Asamblea Popular está integrada por el prefecto René Yandún, quien tiene diez años en el cargo y aspira a postular su candidatura a legislador en las elecciones de 2013.
El grupo lo conforman además activistas de oposición al régimen –como el Movimiento Popular Democrático- que han aprovechado cierta desinformación de los pobladores sobre el nuevo mecanismo de distribución de gas de uso domestico (tarjeta inteligente) para exigir la renuncia de Villarroel.
El sistema busca evitar el contrabando del gas a través de pasos clandestinos en la frontera norte. El cilindro de gas se compra en Ecuador a dos dólares cincuenta y se comercializa en Colombia a veinticinco dólares.
La ministra de la Política, Betty Tola, rechazó que los grupos políticos se aprovechen de tema ciudadano para buscar protagonismo ante la cercanía de las próximas elecciones.
“El Gobierno Nacional acoge planteamientos y propuestas ciudadanas que se hacen en el marco de conversaciones, de análisis compartidos (pero), no acogemos a quienes se oponen por oponerse, a quienes no tienen propuestas y quieren generar caos”, dijo la funcionaria.
La Ministra rechazó firmemente las amenazas contra la Gobernadora Villarroel, a quien expresó el total apoyo del Gobierno. Añadió que aún no existen indicios del origen de las amenazas que están siendo investigadas por la inteligencia policial.
óscar Bonilla, viceministro de Gobernabilidad, declaró que la única sospecha se desprende de las protestas violentas que se han vivido en los últimos días en Tulcán (capital de la provincia), “que son totalmente concurrentes con esas amenazas”.
No hay restricción a la venta de gas
Villarreal precisó que no existe algún tipo de restricción al consumo del gas doméstico para ningún ciudadano. Explicó que la tarjeta inteligente ha sido creada para monitorear el consumo y mantener márgenes de producción y abastecimiento oportuno y eficiente del combustible.
Puntualizó que la tabla de distribución -que circulada entre la ciudadanía y ha sido manipulada por ciertos sectores- es una guía de referencia de consumo, no un límite a la distribución del gas. La tabla es el término de referencia técnico que permite abastecer a la provincia: La medición del consumo sirve para impedir que el gas de uso doméstico se comercialice de manera clandestina a través del contrabando.
Foto: Agencia Andes
