La marcha indígena que avanza a la capital ecuatoriana está en su derecho, a pesar de que tiene motivaciones político-electorales, según Gustavo Jalkh, Secretario particular de la Presidencia de la República.
Dijo que la protesta es un derecho establecido en la Constitución y el Gobierno la va a garantizar, siempre que esta sea en el marco de la ley y sin afectar el derecho colectivo de los demás. En ese derecho también están aquellos que apoyan la gestión del régimen, puntualizó.
La autoridad competente deberá definir las rutas que deben recorrer las marchas, para evitar enfrentamiento físico entre los opositores y quienes son afines al oficialismo.
“No hay derecho a cometer delitos. Marchar es una expresión democrática, protestar es una expresión democrática, pero cerrar vías, cerrar calles, interrumpir servicios públicos, eso es atentar contra los derechos de los demás”.
Reconoció que muchos fundadores importantes del proceso de la revolución ciudadana disertaron, ello obedece, dijo, a intereses individuales, “posiblemente legítimos, pero aquí estamos en una agenda de trabajo por todos los ecuatorianos, más allá de una agenda individual”.
Pese a los logros e indicadores de inversión y desarrollo social en el país, al interior del gabinete existe una dura autocrítica en base a los resultados. Explicó que eso motiva muchas veces la oxigenación en los cargos de los ministros.
El Secretario de la Presidencia recordó que entre los motivos de la movilización indígena consta el rechazo a la minería, pese a que ningún país en el mundo se ha cerrado a la explotación de los recursos naturales. La actividad es lícita siempre que se aplique un plan para mitigar al mínimo, el impacto ambiental.
“Nosotros somos radicales en la defensa del medio ambiente”, y los indicadores de mayor desarrollo humano en el mundo están concentrados en aquellos países que explotan la minería, con todas las tecnologías de reducción de cualquier perjuicio ambiental, aclaró el funcionario.
Gustavo Jalkh asegura que las autoridades han cumplido con todos los procesos de socialización previos, en torno a la minería, principalmente en las comunidades cercanas a los yacimientos, que son los primeros en beneficiarse y después el resto de ecuatorianos.
“Hay mesas de diálogo abiertas para aclarar cualquier duda de buena fe, pero existen algunos dirigentes que más allá del diálogo, buscan una plataforma política”.
Finalmente, el secretario particular de la Presidencia de la República, Gustavo Jalkh, insistió en que los trabajos de minería serán detenidos y ejecutadas las garantías que determinan los contratos, si las empresas incumplen el uso de tecnología que preserve el medio ambiente.
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