El Gobierno proporcionó 60 días de plazo a las empresas que contaminan los brazos el estero salado que hay en la ciudad de Guayaquil para que modifiquen sus acciones.
La medida busca evitar sancionar a 655 compañías que en diferentes grados realizan prácticas no amigables con el ambiente.
«El objetivo de la autoridad ambiental no es la inmediata sanción, sino que los procesos se regularicen, pero pasado los plazos y no cumplida la normativa ambiental se va a proceder a sancionar y en el evento puntual que no supere (la normativa), en materia contaminación, habrá inclusive multas de hasta 200 salarios básicos y en mayor gravedad demandas civiles y penales», señaló la ministra del Ambiente, Lorena Tapia.
Reveló que las empresas que tienen presunción de contaminación se las están visitando en el campo para verificar datos. Y ya se han procedido a aplicar sanciones a las que han constatado que el nivel de contaminación accede al área de influencia directa del estero salado.
Estas declaraciones las formuló la Ministra durante la Cumbre Internacional del Medio Ambiente (Cima), en donde se desarrolla un debate de las políticas ambientales, propuestas de emprendedores sobre econegocios, incentivos, entre otros aspectos.
La Secretaria de Estado reiteró que la diferencia de la Cima es de que en ella ya hay resultados concretos. La economía y el ambiente tienen mucho que ver y, por ello, se habla de un desarrollo sostenible que va acompañado de incentivos como los tributarios para quienes realizan sus actividades de acuerdo a normas ambientales.
«El cuidado de los recursos exige acciones de responsabilidad por parte de todos quienes vivimos en este planeta. No es un tema teórico, sino que hay que emprender acciones reales encaminadas a tener prácticas amigables con el ambiente», dijo.
