El ministro de Justicia, José Serrano, indicó que la reforma está basada en una mayor atención a la prevención y en la consideración del problema de drogas como un asunto de salud pública.
Serrano explicó, en un encuentro con la prensa, que los debates y propuestas oficialistas para el nuevo cuerpo legal plantean «centralizar la administración de los bienes incautados por delitos de drogas» en un único organismo y «diseñar normas para la prevención y el control del uso de esas sustancias».
Además, también buscan un mayor trabajo y sanción contra las bandas de crimen organizado, a la vez que fijar una pena «proporcional» para los pequeños traficantes o «mulas», que actualmente sufren penas de cárcel mayores que algunos acusados de homicidio en primer grado, agregó el ministro.
El funcionario explicó que en su país alrededor del 40 por ciento de los reclusos tiene una relación con el tráfico o consumo de drogas, una cifra similar a las recogidas en otras naciones de Latinoamérica, y criticó que, mientras tanto, los involucrados en el crimen organizado están libres.
Para la asambleísta por el oficialista movimiento político Alianza País María Paula Romo, presidenta de la comisión parlamentaria de Justicia y Estructura del Estado, en esa realidad de los pequeños traficantes tiene mucho que ver el sistema judicial y fiscal de Ecuador.
El 99 por ciento de los reclusos por drogas en el país andino «es pobre», aseguró la legisladora al sumarse a las críticas de que el sistema judicial «no detiene a los grandes traficantes porque es mucho más sencillo poner en la cárcel a una persona a la que encuentran con drogas en el bolsillo o en el fondo de la maleta».
En esos casos, «no hay ninguna investigación judicial que hacer», sin embargo, «desmantelar una banda de narcotráfico que forma parte del crimen trasnacional requiere un trabajo fiscal y judicial mucho más importante», señaló.
