Datos de la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualizados hasta diciembre pasado, revelan que en Guayaquil (la ciudad más poblada del Ecuador), viven 2.975 refugiados y están en trámite 2.077 solicitantes de asilo.
Por tal motivo, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) inaugurará hoy nuevas oficinas en esta ciudad.
El objetivo principal es trabajar en conjunto con entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil para brindar protección a la población refugiada de la zona sur del país que incluye la ciudad de Cuenca, donde la Acnur tiene oficinas desde el 2007.
Se realizará también un monitoreo regular de la situación humanitaria de esta región del país.
Las estadísticas demuestran que el número de solicitudes de asilo en Guayas creció en los últimos años. Actualmente, es la cuarta provincia en recibir la mayor cantidad de este tipo de documentos.
Esta es otra de las razones por las que se considera que es oportuna la apertura de una oficina que brinde atención a las personas refugiadas que llegan a la zona. La mayoría de ellas proviene de Colombia, debido al conflicto interno de ese país.
Servicios
En la nueva dependencia se brindará asesoría legal a individuos refugiadas y a solicitantes de refugio. Además, se fomentará procesos de capacitación a funcionarios de instituciones públicas y privadas.
También se implementarán proyectos de participación comunitaria en barrios, se promoverá la integración socio-económica y realizará eventos socio-culturales. Además, se fortalecerá espacios de protección para personas en extrema vulnerabilidad, incluyendo a mujeres cabezas de hogar y menores no acompañados.
La representante de Acnur en Ecuador, Deborah Elizondo, mencionó que se encuentran realizando un diagnóstico de la situación de la población refugiada en Guayaquil.
Durante el 2012, en conjunto con autoridades locales y regionales y con organizaciones de la sociedad civil, se prevé ejecutar acciones encaminadas a fortalecer a instituciones sociales que promuevan el acceso a derechos y servicios de la población refugiada y de comunidades de acogida.
