Una investigación realizada por el Ministerio de Justicia determinó que existe un alto grado de inacción de los jueces de lo penal. Así, se estableció que los magistrados permitieron 1.405 casos de caducidad de la prisión preventiva, lo que facilitó la liberación de igual número de personas acusadas de delitos de diversa índole.
De la totalidad de casos de caducidad de la prisión preventiva, 1.346 corresponden a magistrados del Guayas; 43 a Pichincha; cinco a El Oro; cinco a Tungurahua; dos a Manabí; uno a Napo; y uno a Azuay.
Esta situación motivó a que el ministro de Justicia, José Serrano, pida al presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, que actúe enérgicamente frente a la inacción de los jueces de lo penal.
“No hace falta hacer ningún análisis adicional para determinar cuál es su grado de responsabilidad. Jueces con 237, 200, 80 ó 40 casos de caducidad de prisión preventiva deben ser sancionados y destituidos inmediatamente. No podemos seguir permitiendo de que se afecte la libertad y la paz en nuestro país”, dijo Serrano.
El Ministro Serrano indicó que la gran mayoría de delitos que se investigaban se referían a casos de robo con amenazas; uso doloso de documentación; portar de armas de fuego de manera ilegal; asesinatos; violación sin violencia; robo con heridas; apropiación indebida de bienes, hechos de violencia que en gran medida son causa del malestar ciudadano, así como de la preocupación de las autoridades de Gobierno.
