Identificado como uno de los ejecutores de la política represiva instaurada por el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988, Gustavo Lemos Larrea, ex asesor del Ministerio de Gobierno, estaría involucrado en al menos cinco crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha no han sido sancionados, señala un reportaje de la Unidad de Investigación de diario El Telégrafo.
Se incorporó al gobierno el 7 de agosto de 1984 como asesor del ex ministro Luis Robles Plaza, a pesar de tener sólo formación secundaria. En aquella época, comenzó con un sueldo de 27.500 sucres y al concluir su gestión, el 29 de abril de 1988, ganaba 42.000 sucres.
Desde el comienzo tuvo injerencia en las decisiones del gobierno, pero su poder quedó evidenciado después del primer año. El 2 de agosto de 1985, miembros del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) secuestraron al empresario guayaquileño Nahím Isaías y pedían rescate.
Mediante un oficio, Febres Cordero asignó a Lemos como jefe del operativo de rescate, en el que intervinieron agentes del SIC-10, una sección de la Policía con plenas facultades para sus investigaciones en contra de los grupos subversivos.
Producto de esa operación, Isaías y sus captores murieron. Según la Policía, durante el intento de rescate se produjo un cruce de balas, pero pronto hubo quienes afirmaron que se trató de una ejecución extrajudicial e incluso dijeron que Febres Cordero ordenó el asesinato de Isaías para no cancelar una deuda pendiente. Todo ha quedado en eso: especulaciones e hipótesis. Después del hecho, otros miembros de AVC fueron arrestados y torturados, entre ellos Juan Cuvi, quien declaró que Lemos presenció su “interrogatorio”.
En junio de 1986 el SIC del Azuay armó un operativo para allanar una vivienda en donde se reunían miembros del AVC, liderado en esa ciudad por Ricardo Merino Serrano. La noche del 28, un grupo de policías y francotiradores dispararon a quemarropa en contra del dirigente.
El reporte oficial indicaba que se produjo un enfrentamiento armado, pero vecinos dijeron que los uniformados los sorprendieron mientras dormían. Años después el ex agente Hugo España, en su libro “El Testigo”, aseguró que al ingresar a la vivienda Merino estaba en su cama totalmente desarmado y que luego de asesinarlo sus superiores le ordenaron disparar en cualquier dirección para simular un cruce de balas. Tras conocerse el hecho, Lemos llegó a Cuenca para felicitar a la Policía por su lucha en contra de los grupos subversivos.
Unos meses antes, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Frank Vargas Pazzos, denunció la existencia de un sobreprecio en la compra de un avión, delito del que responsabilizaba al Ministro de Defensa. El caso nunca fue investigado, por lo que Vargas se tomó la Base Aérea de Manta y luego la de Quito, en señal de protesta.
Febres Cordero dispuso la detención inmediata del oficial, una decisión que más tarde motivó su secuestro. El 21 enero de 1987 los comandos de Taura organizaron una revuelta y detuvieron al ex presidente, cuya libertad estaba condicionada a la liberación de Vargas Pazzos. Después del canje de rehenes, el Gobierno inició una persecución en contra de los militares que participaron de la medida. Los detenidos fueron torturados y de acuerdo a sus testimonios, Lemos habría presenciado el hecho.
Episodios como ese provocaron que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por el diputado socialista Diego Delgado, inicie una investigación en contra del ministro Luis Robles Plaza por las denuncias de violación a los derechos humanos que se le imputaban al Gobierno.
Cuando el Congreso analizaba la posibilidad de enjuiciar políticamente al funcionario, la noche del 23 de septiembre de 1987 Delgado fue secuestrado y golpeado brutalmente hasta darlo por muerto. Sus agresores lo abandonaron en un lote baldío de Sangolquí.
El diputado sobrevivió a la golpiza y gente de la zona lo trasladó a una clínica de Quito, a donde llegó Lemos para preguntarle si reconocía a sus agresores. El Partido Socialista no dudó en responsabilizar del hecho a Robles Plaza y el Congreso lo censuró días despúes, aunque Febres Cordero lo mantuvo en el cargo hasta enero del siguiente año.
Tras su salida, Heinz Moeller asumió el cargo y mantuvo a Lemos como su asesor. En abril de 1988 fueron arrestados otros tres integrantes de AVC, entre ellos María Clara Eguiguren, quien observó a Lemos durante su interrogatorio.
Esa habría sido la última intervención de Lemos, pues el 1 de mayo fue designado cónsul del Ecuador en Nueva York (EE.UU.), pues en el siguiente agosto asumiría un nuevo gobierno.
La investigación de la Comisión de la Verdad desclasificó varios documentos que evidenciaron el control que el ex asesor ejercía sobre la Policía, incluso después de salir del gobierno. Según un “parte informativo”, emitido el 5 de julio de 1988, se revela la detención de Jenny de Baldeón por una deuda que mantenía con Fátima Véliz, esposa de Lemos. Tiempo después se conoció que Lemos recibía reportes permanentes de los movimientos de AVC, pues hasta él llegaban los “soplones” de la organización.
Desde entonces, el ex asesor reside en EE.UU. y ha estado vinculado a organizaciones de migrantes, pero no ha respondido ante la justicia ecuatoriana por las innumerables denuncias que pesan en su contra por violación a los derechos humanos.
Por años se mantuvo alejado de la opinión pública, pero el anuncio gubernamental de reabrir los casos motivó su participación en eventos públicos para expresar su desacuerdo.
Su rostro fue reconocido entre los manifestantes que intentaban tomarse el Consulado de Ecuador en Miami la mañana del 30 de septiembre de 2010, mientras se desarrollaba la revuelta policial en el Regimiento Quito.
Días antes Lemos había participado, junto al ex presidente Lucio Gutiérrez y otros políticos, en un encuentro para aunar esfuerzos en contra de los gobiernos socialistas de América Latina.
Su última aparición pública se produjo el 25 de octubre pasado cuando un grupo de periodistas ecuatorianos llevaron sus quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
Lemos dialogó con los medios para expresar su respaldo a la libertad de expresión, pero en ningún momento se refirió a las denuncias que mantiene en el Ecuador. Y hasta dijo que Ecuavisa había sido clausurado por este Gobierno.
Actualmente los casos son investigados por la Fiscalía, pues en la Constitución aprobada en el 2008 se estableció que los delitos de lesa humanidad no tienen prescripción.
Lemos, a través de medios digitales, ha rechazado el inicio de nuevas indagaciones, aduciendo que hay causas más importantes por tratar; pero varios de los torturados lo señalan como su interrogador.
