Por: Jessica Zambrano Alvarado
Flor arregla las sillas de la casa comunal con la misma gracia con la que recibe a sus invitados del día: La Misión Internacional de Verificación sobre el Derecho a la Vivienda y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos.
Mientras van llegando otros 20 habitantes de la Cooperativa Andrés Quiñonez II, mismo nombre del lugar, ubicado en la Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, Flor entretiene a la comitiva contándoles sobre su vida diaria. Aclara que actualmente está desempleada, razón por la cual pasa sus tardes en la casa comunal. Allí llegan los niños del barrio a hacer sus deberes mientras sus padres laboran. Flor hace lo mejor que puede para cuidarlos por el costo de $1. «Hay quienes a veces no me envían a los niños porque no tienen el dólar, pero igual ya los chicos ven a sus amigos adentro y esto se llena. Pero eso sí, como soy enemiga de la cocina ahí a veces medio les hago un sánduche pero normalmente no les doy comida», dice.
Una vez ordenadas las sillas para la ocasión Flor inicia a exponer su situación. Cuenta que a pesar de que tiene 15 años en el sector nunca ha vivido tan mal como ahora pues a la falta de servicios básicos se le suma la zozobra. Asegura que hace poco la gente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) censó las casas del lugar, sin que quieran hacerlo con los terrenos en los que se ha invertido en relleno, aunque aún no se haya construido nada. Asegura que sólo les dieron un código y no les han dado mayor explicación.
Así lo ratifica Juliana. En su caso, ella estaba ausente el día del censo pero cuando llegó su hijo menor de edad la recibió diciéndole «Mamá, tienes que ir al MIDUVI, tienes que ir, nos van a desalojar». Para ella no estaba claro, sólo le habían dejado un código en la puerta y debía ir a pedir información a una entidad estatal». «Cuando pude ir, hablé con una srta. Michel y le dije que no me quería ir y ella me dijo que si no me iba perdía todos mis derechos», termina Juliana.
Como Juliana y Flor, entre las razones por las que las familias del sector no quieren salir del lugar es porque a ese territorio lo reconocen como propio. Porque llegaron de pequeños y según dicen, quienes empezaron siendo sólo vecinos luego fueron sus amigos. Reconocen la desventaja que tienen al no tener servicios básicos, pero a la vez dicen que quieren trabajar para vivir mejor, como lo han venido haciendo.
Hasta el 24 de septiembre, según un reporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2.121 familias fueron reubicadas al Plan Habitacional Socio Vivienda y hasta diciembre de este año se tiene previsto reasentar a 3.434 familias, indicó la autoridad regional.
Dentro del plan habitacional Socio Vivienda existe un bloque destinado a las familias reasentadas provenientes de las riberas del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil. Éste sería el programa al que se han acogido los vecinos de Flor y Juliana.
Entre los recién llegados a la casa comunal para exponer su caso ante el MIV están quienes critican la posición de las autoridades, puesto que no ha habido una comunicación oficial con todos los pobladores del sector, según dicen. «Un día viene una señora de la comunidad a enseñarnos el PP el Verdadero que ahí dicen que nos van a sacar, otros dicen que se va a construir un parque acuático y un parque lineal; viene un Sr. Cristian que dice que eso se va a hacer pero a nosotros no nos dicen bien».
La Misión Internacional de Verificación hizo su intervención luego de haber escuchado una serie de casos, entre los que además de resaltar la falta de información, está la queja sobre el poco o nada reconocimiento de las autoridades a la inversión que han hecho en sus viviendas, como la extensión o el relleno; la falta de diálogo de igual a igual para llegar a un consenso y el proceso que se lleva en el desalojo: derribar vivienda para poder entregar llaves de una casa nueva que sus futuros habitantes no eligieron, y con lo que quedan endeudados (sin considerar que muchos tienen su trabajo cerca de donde actualmente habitan).
Para sorpresa de los enviados del MIV en esta cooperativa era la única de las tres visitadas (Monte Sinaí, Nueva Prosperina e Isla Trinitaria) donde los ciudadanos se habían armado para compartir sus casos y pedir a las autoridades competentes información sobre sus posibles desalojos. Les pidieron que sigan así y que concreten metas cada día que se reúnan para sentir que se avanza en lo que hacen juntos.
Sin embargo, la zona está dividida, así como la información. Un poco antes de la Asamblea entre los moradores y el personal del MIV y el Comité Permanente de Defensa a los Derechos Humanos, Walter Jiménez, un vendedor de ciruelas y otros bocadillos de media tarde, comentaba que la situación de los desalojos ya pasó. Esto, lo decía a pesar de que en tiempos electorales había llegado una candidata a la reelección de un curul en la Asamblea por Madera de Guerrero, prometiendo legalizar sus tierras a cambio de votos. Para Jiménez, el censo que se hizo hace poco y que según cuenta es de gente del Municipio, es una garantía de que no los pueden mover, sumado a que «mi casa es grande y tengo ahí 18 años», argumenta.
Moradores como él son parte de la misión que tienen los asistentes habituales de la Casa Comunal: «Que cada uno traiga a las reuniones a un vecino». Es que lograr mayor fuerza nace de que todos posean la misma información, señala Lorena Zárate, parte de la MIV y Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat.
Para Zárate, la Constitución del Ecuador es la única en el mundo en la que el derecho a la ciudad se incluye de forma tan explícita. No obstante, en el recorrido se evidenciaron algunas faltas a este derecho.
La Constitución de Montecristi establece como pilares del derecho a la ciudad digna los principios de la gestión democrática, de la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y del ejercicio pleno de la ciudadanía (Art. 31).
Además de que se considera a la ciudad como una construcción colectiva, con múltiples actores y procesos, hay leyes que vinculadas a este derecho es necesario garantizar, como la participación directa y representativa de todos los habitantes en la planificación y el gobierno de las ciudades, así como todos los procesos vinculados al acceso de información pública.
