Las cosas para Venezuela no parecen querer mejorar y es que ahora con las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene a las que las autoridades de Nicolás Maduro han sometido a los migrantes que han retornado al país por la emergencia sanitaria, ha generado un aumento significativo en los contagios por Covid-19.
Esta situación fue denunciada recientemente por la ONG Human Rigths Watch (HRW), ya que alrededor de los 130.000 migrantes que han regresado a Venezuela, se les ha hecho complicado cumplir con las medidas de bioseguridad dispuestas a nivel mundial, como, por ejemplo, el distanciamiento social.
Así lo ha hecho saber HRW en un informe realizado junto con los Centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins, en donde exigen a los diferentes ministros de Relaciones Exteriores de los países de América Latina a que den frente a esta situación de los próximos retornados en el encuentro del Proceso de Quito.
El Proceso de Quito es la definición que se le otorgó a un grupo de países de Latinoamérica para dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela.
Esta instancia se estableció tras la denominada Declaración de Quito, oficialmente llamada “Declaración de Quito Sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región”, el 4 de septiembre del año 2018 en la capital homónima, donde se reunieron representantes de 13 países con el objetivo de intercambiar información y articular la coordinación regional a la crisis migratoria venezolana.
En dicho informe, las instituciones explican al detalle que encontraron “condiciones insalubres y de hacinamiento” dentro de los centros donde “se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua y atención médica”.
Acorde a lo evidenciado por ambas instituciones, muchos de los migrantes que han retornado a su país “se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena” durante más tiempo del recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que vienen siendo 14 días.
Esto, según el informe, se debe a las demoras en las pruebas de diagnóstico de Covid-19, y cuando los venezolanos han protestado, estos han sido amenazados por las autoridades.
Por su parte, Kathleen Page, Doctora y Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, señaló lo siguiente:
“Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el Covid-19”.
Muchos de los entrevistados que se han encontrado en estos centros, han declarado a HRW y los miembros de la Universidad de Hopkins, que las habitaciones se encuentran con múltiples personas, tampoco cuentan con agua potable, electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, y no poseen artículos básicos de higiene personal, como jabón.
Según la HRW, aparte de este hacinamiento, en algunas instancias, la gravedad del trato a los venezolanos retornados “podría constituir trato degradante”, lo cual está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes.
HRW comentó que, durante el mes de julio, estos pidieron información a las autoridades venezolanas sobre el porqué de “la hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos”, pregunta que hasta el día de hoy no ha sido respondida.
José Miguel Vivanco, Director para las Américas de HRW, explicó:
“Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de Covid-19 en ambos lados de la frontera. El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo y mejoren el modo en que ellos mismos tratan a los compatriotas que vuelven al país”.
HRW insta a los países que forman parte de este proceso a que “soliciten al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, su intervención para formalizar un programa eficaz de apoyo a los retornados en la frontera entre Colombia y Venezuela, con participación de expertos en salud pública y liderado por la Organización Panamericana de la Salud”.
La institución explicó que muchos venezolanos no tienen estatus legal regular en los países donde viven, por lo que a menudo carecen de acceso a atención médica y otros servicios, como pruebas de detección al virus o tratamiento para la enfermedad.
“Por ello, miles de venezolanos, incluyendo niños y niños, adultos mayores, hombres y mujeres, incluso embarazadas, están volviendo a su país de origen, muchos del mismo modo en el que huyeron anteriormente, es decir, a pie”, sostuvo HRW.
