La solicitud de la Secretaría de Administración Pública para registrar 30-s y 30S como marcas es un proceso extremadamente común y no tiene nada de extraño. Así lo afirma Andrés Ycaza Mantilla, presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (Iepi)
“Cualquier persona o institución pública puede hacer una solicitud de registro de marca para la protección de un signo distintivo bajo la Clasificación de Niza, un sistema de registro dependiendo del propósito de la marca”, dijo Ycaza.
De esta forma, si una persona desea registrar una marca de ropa, cae en la clase internacional número 5 mientras que si alguna institución quiere una marca para propósitos publicitarios (como el caso de la solicitud del gobierno) caería en la clase 35.
El proceso arranca con la solicitud que se publica en la gaceta de propiedad intelectual. Una vez publicada, pasan 30 días para que personas que se sientan afectadas por esa solicitud presenten oposición siempre y cuando tengan un legítimo interés.
“Después de 30 días hábiles, la autoridad hace un análisis de las marcas con oposición. Cumplidos los requisitos, se registra y pasa a tener vida”, explica Ycaza.
“Es algo extremadamente común el registro de marcas. Es más, promovemos que las instituciones públicas registren sus derechos de propiedad intelectual para sus propósitos”.
El Iepi se encuentra presidiendo en Quito el Proyecto Prosur a través de reunión entre todas las oficinas de propiedad intelectual de América Latina para analizar temas como solicitudes de registro de marcas a nivel regional y exámenes de patentes.
Algunos de los países presentes en la reunión son Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Colombia, Argentina y Surinam.
Mensualmente, el Iepi recibe aproximadamente 1 300 solicitudes de registro de marcas, proceso que cuesta 116 dólares y que tiene un descuento de 50% para instituciones públicas.
