Se llevaron las computadoras y hasta las sillas… Miembros del ministerio de Relaciones Laborales llegaron a las instalaciones de la revista Vanguardia, en el norte de Quito, acompañados de una docena de uniformados. Por segunda ocasión la revista fue despojada de sus pertenencias. La primera vez fue en diciembre de 2010.
La Policía arribó alrededor de las 15:00 y empezó a sacar los equipos. Carlos del Pozo, abogado de la revista, estaba en la planta baja rodeado de dos uniformados que lo querían desalojar. Los empleados de la revista reclamaban a su alrededor. Con la corbata y la camisa desarregladas, del Pozo fue escoltado fuera de las oficinas. Mientras tanto, dos camionetas del ministerio partieron con los equipos de la revista.
Según uno de los oficiales, el embargo de bienes fue por orden del ministerio. El uniformado dijo que del Pozo había cerrado la puerta contra la mano de uno de los delegados y por eso fue detenido.
Carlos Guerra, coordinador jurídico del ministerio, estuvo a cargo del operativo. Expresó que se trataba de un incumplimiento de obligaciones laborales, pero no dio más detalles.
Iván Flores, editor general de Vanguardia, dijo que esta es la segunda vez que un delegado de ese ministerio actuaba como representante de la justicia y secuestraba sus bienes.
Según explicó, la sanción contra la revista fue por no cumplir con la cuota de empleados con discapacidad. El semanario tendría una coactiva por 22 mil dólares por esa causa, la cual podía cancelar o apelar en 72 horas, por lo que considera ilegal el allanamiento.
Juan Carlos Calderón, su director, dijo que este es «el costo de hacer un periodismo libre e independiente».
Para él, «esto no logrará detener su trabajo y continuarán publicando sus investigaciones, aunque sea pintándolas en las paredes o en hojas volantes».
A su manera de ver, este segundo ataque, como lo llamó, se debe a las denuncias que ha publicado la revista, razón por la cual «los quieren silenciar». El periodista responsabilizó al Gobierno por lo que pudiera suceder a los miembros de la revista, sus familiares y amigos.
El presidente Rafael Correa, dijo desconocer la medida. No obstante, precisó que en el país «nadie tiene corona» y que si el MInisterio intervinó debe ser porque la editorial tenía algún problema de ese ámbito. «Estamos en un estado de derecho, ustedes tienen que ver si hay las órdenes judiciales adecuadas, las motivaciones, etcétera», dijo el Mandatario durante un habitual conversatorio con periodistas en la ciudad portuaria de Guayaquil.
Tras una breve reunión del equipo periodístico de la revista, decidieron continuar con su labor pese a no tener computadoras y regresar hoy a sus instalaciones.
Calderón y el periodista Christian Zurita escribieron el libro El Gran Hermano, que les valió una demanda del presidente Rafael Correa por daño moral, pues, según el mandatario, en el texto se dijo que él conocía de los contratos que el Estado mantenía con su hermano Fabricio.
