El presidente de la República, Rafael Correa, anunció el sábado que entre los temas de una consulta popular sobre reformas penales, incluirá una pregunta que dé atribuciones al Gobierno para reestructurar las cortes de justicia y reorganizar la Función Judicial con la veeduría de un organismo internacional.
Aunque las preguntas aún deben remitirse a la Corte Constitucional, el tema generó reacciones de varios asambleístas en la sede del Legislativo, al margen de la agenda oficial.
Juan Carlos Cassinelli (PAIS) dijo que no duda que el mandatario, en su calidad de “primer guardián del tema constitucional”, sustentará debidamente el pedido de consulta popular, “pasando por el filtro llamado Corte Constitucional”.
“Es urgente. Independientemente de a quien le toque hacerlo y la formula que se lleve adelante, creo que es un clamor ciudadano (la reestructuración). Uno de los pilares donde se sustenta la paz, el equilibrio y el desarrollo del país es la Función Judicial y, en ese sentido, creo que hay serias deficiencias que hay que subsanar lo más pronto posible”, expresó.
Si bien el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social adelanta un proceso para la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura los que a su vez deberán nominar a los nuevos jueces, Cassinelli señaló que “ante la urgencia hay que pensar en otras alternativas” que deberán enmarcarse constitucionalmente.
María Paula Romo (PAIS) considera que la reestructuración del sistema de justicia se debe dar respetando la independencia de los poderes, por tanto cree que hay que esperar que concluya el proceso que desarrolla el Consejo de Participación Ciudadana.
“No puede ser el Ejecutivo, tenemos que seguir unos procedimientos. Incluso, una pregunta que no contemple esa separación de poderes no puede ser calificada por la Corte, entonces mal hacemos en el resultado de una pregunta que, como las otras preguntas del referéndum, no existe”, manifestó la asambleísta.
“En este momento lo que tenemos es la idea de una consulta popular, una serie de actores que hablan sobre preguntas, el Presidente que anuncia nuevos temas, pero mientras no sepamos cómo son las preguntas, y la Corte Constitucional no se pronuncie respecto de eso, no podemos decir nada”, agregó.
Andrés Paéz (Izquierda Democrática) se mostró de acuerdo en una reestructuración que respete la autonomía institucional. A su criterio “el descalabro” de la Función Judicial se debe a la destitución por parte de la Asamblea Constitucional de la entonces Corte Suprema de Justicia.
En este contexto, planteó que se restituya a esos magistrados para que sea esa Corte “legítimamente elegida la que proceda a hacer una reestructuración integral de todas las instancias de la Función Judicial”.
El asambleísta Vicente Taiano (PRIAN) estima que, de darse la consulta, el Ejecutivo estaría interfiriendo en otra función del Estado.
“La Función Judicial debe ser absolutamente independiente, es decir, debe autorregularse. Lamentablemente en Ecuador nunca hemos logrado eso y por eso tenemos una gravísima y permanente inseguridad jurídica”, sostuvo.
Taiano cree que el Gobierno puede manipular la pregunta de la consulta con el objetivo de “manosear” al sistema de justicia.
“Cuando se hace una consulta popular se puede manejar de tal manera la pregunta que todas las respuestas pueden ser o afirmativas o negativas. Por consiguiente preguntarle al pueblo algo que ya está establecido en la Constitución significa una violación a la misma”, dijo Taiano.
