El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Planificación y Desarrollo participaron en la elaboración del informe que Ecuador presentará en las Naciones Unidas para el EPU (Examen Periódico Universal) que se efectúa cada cuatro años.
El Segundo Informe de Ecuador para el Consejo de los Derechos Humanos se presentará en la reunión de las Naciones Unidas en Ginebra, entre el 21 de mayo y el 4 de junio. Ahí se muestran los avances registrados en las diez áreas en las que el Consejo sugirió más atención y seguimiento luego del primer examen del Estado ecuatoriano en 2008.
Las recomendaciones 1, 4 y 5, para la reforma penitenciaria, permitieron realizar una inversión 15 veces mayor a la de 2007. Ese año se invirtió $10 millones; en 2011 ese monto ascendió a $150 millones. Esto ha permitido reducir la sobrepoblación carcelaria de 170% a 70% hasta 2011. Además, se construyeron nuevos centros de privación de la libertad, obras de adecuación, reparaciones, ampliaciones y equipamiento de las instalaciones con capacitación del personal administrativo, técnico, de seguridad y vigilancia. Ahora los centros de privación de libertad disponen de departamentos psicológicos, educativos, laborales y sociales.
La segunda recomendación exponía la necesidad de la preparación de los policías en Derechos Humanos. Con el afán de atender esa sugerencia, se iniciaron procesos de movilidad humana, no discriminación, violencia intrafamiliar, niñez y adolescencia. También, el apoyo de la Oacdh se expidió un reglamento para la regulación de detención y aprehensión, el uso de armas y apoyo psicológico.
Con el propósito de erradicar el trabajo infantil se emprendieron programas que provocaron una reducción del 3,8% en el 2007 al 1,5% en 2011. El porcentaje de niños y adolescentes que no asiste a clases por falta de recursos económicos se redujo en los últimos cinco años del 61% al 49% en el país, del 52% al 43% para la población afroecuatoriana, y del 61% al 47% en la población indígena.
En la recomendación seis, que sugería el seguimiento a las perspectivas de género, se creó un presupuesto nacional sensible al género que se aprueba cada año, mediante una herramienta técnica denominada “Catálogo de Igualdad”. Además, para proteger a la mujer embarazada, la legislación ecuatoriana prohíbe los despidos durante los 9 meses de gestación, garantiza su reintegro, otorga el derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas y determina la reducción del horario de trabajo a 6 horas durante el periodo de lactancia.
Discriminación por orientación sexual
Acogiendo la séptima recomendación, se aplican medidas para combatir la discriminación de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros y travestidos. En 2009, la justicia ecuatoriana (cumpliendo la Constitución) ordenó al Registro Civil realizar los cambios de datos de una persona con identidad de género distinta a la signada por sus características biológicas al nacer.
Protección de la niñez, adolescencia y las mujeres
Con el objetivo de erradicar la violencia de género se crearon campañas como “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, destinadas a la transformación de patrones socioculturales dentro de un plan para la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, que implica protocolos de atención a víctimas, salas de acogida en hospitales públicos, centros de atención a víctimas y centros de protección.
Se reformó el sistema judicial
La octava recomendación solicitaba la reforma del sistema judicial. El Ecuador se pronunció en Consulta Popular y Referéndum el 21 de mayo de 2011. Con este mandato popular se inició el programa de reestructuración de la justicia que implica una capacitación permanente de los servidores de la Función Judicial y el mejoramiento de instalaciones y equipos para aplacar una justicia lenta, caduca y corrupta.
Combate a la trata de personas
Por último, atiende la décima sugerencia del Consejo de Derechos Humanos con un plan nacional que combate la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual laboral, la pornografía infantil y la corrupción de menores. En este proyecto participan el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Turismo, el Ministerio del interior, la Organización Internacional para las Migraciones y representantes de la sociedad civil.10 mejoras en los Derechos Humanos del Ecuador
