Con la aprobación de la pregunta 3 del referendo, efectuado el 7 de mayo, se prohíbe que los directivos de bancos y medios de comunicación privados tengan participación accionaria fuera de sus respectivos ámbitos, disposición que deberá cumplirse en el plazo de un año, según lo establece el anexo 3, ratificado por más de 4 millones de ecuatorianos.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rolando Panchana, explicó que la enmienda constitucional se aplicará inmediatamente, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente los resultados oficiales y disponga su publicación en el Registro Oficial. Pero las superintendencias de Compañías, Bancos y Telecomunicaciones son las que harán cumplir la norma.
Sin embargo, las autoridades aún no concluyen el proceso anterior, en el que la Constitución de Montecristi ordenaba la desinversión de la banca en los medios de comunicación en un plazo máximo de dos años.
El período concluyó en octubre de 2010 y hasta el momento ningún organismo de control ha presentado un informe al respecto.
La Superintendencia de Bancos, por ejemplo, debía receptar una declaración juramentada de los propietarios de instituciones financieras, precisando que no poseen acciones en medios. Hasta ese momento se conocía, por ejemplo, el vínculo entre el Banco Pichincha con Teleamazonas y del Banco del Austro con Telerama.
Para conocer cuántos bancos cumplieron la disposición gubernamental y si se produjo la desinversión, este Diario solicitó una entrevista con el superintendente Pedro Solines, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
No obstante, cuando asumió el cargo, Solines señaló que la entidad esperaría el informe de la Superintendencia de Compañías para contrastar la información y pronunciarse sobre el tema.
En esta entidad, el superintendente (e) Camilo Valdivieso manifestó que la verificación del traspaso o la venta de acciones de los medios, que compruebe la desvinculación de la banca, avanza favorablemente, pero no precisó cuándo se conocerá el informe sobre cuántos medios cumplieron el mandato constitucional.
Según el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, las autoridades de control deben revisar más de 500 expedientes porque son concesiones que tienen más de 10 años y en algunos casos, incluso, han sido renovadas.
Por lo tanto, manifestó que esperará los informes de las autoridades de control para actuar conforme manda la ley.
En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Bancos podría retirar los derechos sobre las acciones en medios que estuviesen vinculados a los bancos, mientras que Telecomunicaciones podría revertir la frecuencia.
En cuanto al proceso que dispone la enmienda constitucional, el secretario de Estado indicó que, apenas el CNE emita los resultados definitivos, pedirá a los organismos de control la documentación necesaria para determinar en qué casos existe la vinculación banca-medios, a fin de notificar a quienes deban acatar la disposición.
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