En el helicóptero brasileño facilitado para la operación viajan la tripulación, también brasileña, la exsenadora Piedad Córdoba y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El Gobierno colombiano autorizó iniciar hoy mismo el operativo y su interlocutor para las liberaciones, Eduardo Pizarro, explicó a la prensa en Cali poco antes de la salida del helicóptero que no existía «ningún problema» para la inmediata puesta en marcha de la misión humanitaria.
Este martes por la noche «se inició el cese de operativos (militares) en la zona acordada», precisó Pizarro, quien enfatizó que el Gobierno «está cumpliendo todo lo acordado» para que hoy puedan regresar a la libertad el mayor de la Policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel.
Por su parte, minutos antes de viajar hacia Cali, capital del Valle del Cauca, Córdoba confirmó a los periodistas en Bogotá que ya tenía en su poder las coordenadas del lugar en el que serán entregados los dos secuestrados.
Según el Gobierno, su liberación se frustró el pasado domingo porque las FARC dieron unas coordenadas erróneas, lo que contrasta con lo que argumenta Córdoba, quien atribuyó el fracaso a «dificultades logísticas, técnicas, atmosféricas, topográficas y las propias de la guerra interna».
En un comunicado divulgado hoy, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reiteran su compromiso con la entrega de Solórzano y Sanmiguel, al tiempo que aseguran que dieron las coordenadas «de manera oportuna» y que aún investigan las razones que impidieron su liberación.
Solórzano, de padre ecuatoriano, fue secuestrado el 4 de junio de 2007 en la localidad de Miranda, en el Valle del Cauca, mientras disfrutaba de un día de descanso con su familia y un amigo comerciante.
En cuanto a Sanmiguel, es rehén de las FARC desde el 23 de mayo de 2008, día en que se produjo una incursión del frente 21 del grupo rebelde en Tambo, en el Tolima (centro).
Los dos forman parte del grupo de cinco cautivos cuya liberación incondicional anunciaron las FARC en diciembre como «gesto de humanidad» hacia la exsenadora Córdoba, destituida de su cargo por la Procuraduría en septiembre de 2010 al determinar que tiene nexos con esa guerrilla.