Iniciaron las audiencias de los 628 trabajadores de Petroecuador denunciados por la Secretaría Nacional de Transparencia de Ecuador por un presunto conflicto de intereses, según informó la empresa estatal de petróleo.
En total tuvieron lugar 32 sesiones en las oficinas centrales de Petroecuador en Quito, a las que comparecieron el empleado o empleada, el abogado defensor y el de la empresa, así como un Inspector del Trabajo, detalló la compañía en un comunicado.
Los acusados, suspendidos de sus funciones el pasado 17 de septiembre, tienen acciones de la empresa privada de combustible Gaspetsa. La Secretaría Nacional de Transparencia, que inició la denuncia, los acusa de incumplir los reglamentos de Petroecuador.
Los trabajadores sancionados disponen de 30 días para probar su inocencia y refutar las alegaciones con la presentación de evidencias en las audiencias.
Según el Gobierno, Gaspetsa compraba combustible a Petroecuador y luego lo vendía a pescadores del norte del país y en 2005 recibió un contrato irregular de la empresa estatal.
Su negocio florecía gracias a «la información privilegiada» a la que tenían acceso sus accionistas como empleados de Petroecuador, de acuerdo con el Gobierno ecuatoriano.
