Decenas de personas que trabajaron en las salas de juego y casinos de la empresa Invermun aún esperan que les paguen sus liquidaciones. Uno de ellos es Luis Cedeño, quien llegó ayer, junto a su esposa e hija de dos años, a las instalaciones de la Red Socio Empleo con el objetivo de recibir su cheque.
De acuerdo a investigación de diario El Telégrafo, como Cedeño, más de treinta personas mantenían esa esperanza, la cual aumentó más tras el anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, quien señaló que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley especial, que permita al Estado pagar las indemnizaciones de 1.300 ex empleados de Invermun que se quedaron sin trabajo.
Eso ocurrió luego de que los ecuatorianos, a través de la consulta popular de mayo del año pasado, decidieran declarar al país libre de juegos de azar.
La expectativa era el sentimiento generalizado de los ahora desempleados que mantienen la confianza en el ofrecimiento presidencial. Hasta quienes decidieron ya no trabajar han recobrado el interés, como Marivel Pincay, madre de familia de dos menores y que trabajó 3 años y seis meses en el área administrativa de Invermun.
“Mi esposo y yo decidimos que más barato nos salía que me quedara en casa cuidando a los niños, antes que pagar a una persona; por suerte él consiguió trabajo enseguida, pero sí estamos apretados”, detalló tras mencionar que esperan que las palabras del Mandatario se cumplan y les den sus liquidaciones.
Correa aseguró el martes en Guayaquil que “sin sentar un precedente. No se trata de que cualquier empresa constructora quiebre y tenemos que pagarle a los trabajadores indemnizaciones, no, ese es el riesgo entre privados; pero aquí estuvo de por medio una decisión del pueblo ecuatoriano en las urnas, se cambiaron las reglas del juego y quedó esta gente en el aire.
Entonces es legítima esta propuesta y ojalá la Asamblea nos apoye en esto, porque esa gente de verdad está en problemas”, manifestó el gobernante, según señaló el sitio web oficial ElCiudadano.com.
El Jefe de Estado explicó que mediante un trabajo de inteligencia se determinó que, a diferencia de otros casinos en el país, los dueños de Invermun no tenían nada a su nombre con qué responder a sus empleados e, incluso, los estafaron ya que el descuento por la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nunca fue entregado a esta entidad.
“Esos (dueños de Invermun) eran unos gángsters, eran los peores. Incluso les descontaron de la afiliación al Seguro Social y nunca lo aportaron. Se les han robado esa plata”, denunció.
Ese es el caso de Cedeño. Su función en la sala de juegos Money- Money era de guardia de seguridad. “Trabajé en ese sitio durante 6 años y no me afiliaron, tampoco nos pagaban utilidades o algo parecido, y eso que veíamos cómo salían sacos llenos de dinero, porque los locales se llenaban; sé que el dinero se lo llevaban a Perú”, contó.
Cedeño tiene una familia que mantener y por cuenta propia consiguió trabajo como guardia en otro lado. “Pensé que con mi liquidación iba a poder poner un negocio y cambiar de actividad, porque hasta ahora sigo trabajando en turnos rotativos”, detalló.
El gobernante manifestó que los ex empleados son las “víctimas inocentes” de la instauración de casinos ilegales en el país, y los culpables son las autoridades que se hacían de la vista gorda y “estos gángsters que pusieron esos negocios para pervertir, para lavar dinero”.
“Esa gente está en el aire, no ha recibido indemnizaciones y mucha no tiene trabajo. Fue un cambio de política aprobado por el pueblo ecuatoriano en las urnas, pero finalmente fue una decisión del Estado”, sostuvo.
Las otras empresas sí han regularizado sus situaciones. Por ejemplo la empresa de los casinos Fantasy aún mantiene una oficina habilitada en el centro de la ciudad en donde se maneja la parte administrativa y se está liquidando a sus colaboradores.
