El fiscal general, Galo Chiriboga, anunció ayer que se reiniciarán las investigaciones para establecer las responsabilidades en la entrega del crédito de $ 800 mil que hizo el Banco Cofiec (propiedad de la Unidad de Gestión del Fideicomiso AGD-CFN) al argentino Gastón Duzac, sin contar con las garantías necesarias.
Aseguró que para ello no será necesario contar con un informe previo de la Contraloría, pese a que se trata de un delito de supuesto peculado.
Esto ante la anulación de todo el proceso iniciado en contra de Omar Unda y Roberto Sandoval, exmiembros del directorio de Cofiec, desde la indagación previa, dispuesta por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha.
La Fiscalía había acusado a los exdirectores de haber aprobado el crédito por vía e-mail y sin revisar la documentación necesaria para otorgarlo.
La defensa de los detenidos dijo que se habían cometido violaciones al debido proceso y que, además, la Fiscalía debía contar con un informe de la Contraloría del Estado.
Respecto a este pedido de incorporar un informe de la Contraloría, Chiriboga enfatizó que no es “pertinente esa petición” porque el caso que se indaga responde a la utilización de fondos públicos del sistema financiero que están bajo el control de la Superintendencia de Bancos.
Explicó que la Fiscalía utilizará como base de su investigación el informe presentado por la Superintendencia de Bancos.
En el documento, presentado el 4 de octubre pasado, el superintendente Pedro Solines hablaba de que varios créditos, incluido el de Duzac, eran vinculados por presunción y se presumía mal manejo de bienes públicos, por la utilización de empresas incautadas como garantías de ese préstamo.
A más de esa, hay dos denuncias que han sido unificadas: la del asambleísta Cléver Jiménez (PK), presentada el 13 de septiembre y que acusa a Pedro Delgado, presidente del Banco Central; a Diana María Macancela, del Comité de Crédito; a Marcelo Ordóñez, gerente de Finanzas; y a Jackeline Jiménez, gerenta de Riesgos; e incluye al entonces presidente ejecutivo Antonio Buñay y a Duzac. Ninguno fue vinculado en el proceso anulado.
Delgado también presentó una denuncia en la que pide medidas cautelares contra Duzac y Juan Hussey (presidente de Scanbuy), e indica en ella que la entrega de garantías de Agrícola Mercedes la hizo su administrador Ramiro Garzón, arrogándose funciones.
Contraloría
La Corte Nacional de Justicia tomó dos resoluciones en el 2010. Una en febrero que establece que para el inicio de la instrucción fiscal en el delito de peculado se requiere un informe de la Contraloría. La segunda, de noviembre, indica que “para el inicio de la acción penal por los delitos financieros, no se requerirá ningún informe adicional”.
