Tras la muerte de Laly Chalén Navas, el pasado 16 de junio en un baño de la fundación Liberando Vidas, autoridades de Salud realizan una investigación para detectar a los centros de rehabilitación que funcionan de manera ilegal y sin los profesionales requeridos para esta actividad.
La doctora Eva Cevallos, miembro de la Comisión técnica interinstitucional de control de centros de recuperación para personas con problemas de dependencias a sustancias psicoactivas, informó que se han detectado 30 centros de rehabilitación que no están debidamente legalizados.
El local en donde funcionaba la fundación Liberando Vidas fue clausurado.
Autoridades indicaron que los centros ilegales son presuntamente dirigidos por personas que han superado una adicción y no por un especialista.
Para Cevallos, un centro de rehabilitación debe contar con un salón de uso múltiple, comedor, cocina, consultorios y espacio de recreación para realizar actividades, «y lo más importante, es que debe ser manejado o administrado por un médico, el cual debe tener a su disposición psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajador social y los operadores vivenciales.
Recordó que el año pasado, 27 centros o clínicas obtuvieron el permiso para operar de forma legal, pero en ese mismo año se detectaron otros 30 centros que funcionaban ilegalmente, lo que se conoció por las denuncias de las madres de los internos, quienes supuestamente eran sometidos a maltratos.
La sanción para centros que operen de forma clandestina es una multa de cinco salarios básicos, suspensión del ejercicio profesional del administrador y clausura del establecimiento.
Según el comisario de Salud, Jack Dieb, cualquier ciudadano puede denunciar la existencia de un centro de rehabilitación que opere de manera ilegal con solo acercarse hasta la Comisaría de Salud.
