El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se reunió este martes con la titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, a quien le presentó varias propuestas de reforma a los códigos Penal y de la Función Judicial, en torno a las audiencias fallidas, simplificación de juicios, la oralidad procesal, justicia indígena, entre otros aspectos.
«Hay que definir algunas reformas legales necesarias para afianzar el buen desempeño de la justicia en el país», manifestó Jalkh, al anticipar que en el mes de julio, en conjunto con la Corte Nacional de Justicia, plantearán un nuevo Código General de Procesos, para establecer la oralidad procesal en todas las materias, como una herramienta fundamental para la celeridad y transparencia de los procesos.
Según el presidente del Consejo, se requiere incorporar en el Código Penal una regulación clara para evitar los incidentes que, a veces, provocan algunos actores procesales para retardar la justicia; tener juicios más rápidos, pero con debido proceso siempre.
Además, habló de posibilitar la presencia del Defensor Público desde la primera convocatoria a las audiencias, para desterrar las audiencias fallidas y que éstas se instalen cuando sean convocadas.
Adicionalmente, expresó que es importante fortalecer la verdadera justicia indígena, evitando que se la distorsione a través de malas prácticas procesales y judiciales por parte de ciertos jueces y abogados, mediante los cuales se busca una errada aplicación de conceptos constitucionales y garantizar impunidad a determinadas personas posibles actores de delitos execrables como la violación de niños, ancianos y mujeres.
Entregó, además, el Plan Estratégico de la Función Judicial 2013 – 2019, para el desarrollo permanente del Sistema de Justicia al Servicio de la Ciudadanía.
De su lado, la Presidenta de la Asamblea Nacional invocó al Consejo de la Judicatura a mantener un trabajo de coordinación directa y constante con los miembros de la Comisión de Justicia, lo que permitirá enriquecer las diversas normativas, pues el ritmo de gestión de las funciones del Estado debe estar marcado por el ritmo de las necesidades ciudadanas.
