El ecuatoriano Jesús Vélez Loor cumplió hoy 40 días en huelga de hambre a las puertas de la embajada de Panamá en La Paz, en espera de que ese país le informe cuándo y cómo cumplirá una sentencia internacional emitida hace 14 meses, que le obliga a pagarle por torturas sufridas en 2002.
Vélez dijo que no ha recibido ninguna información sobre el cumplimiento de la sentencia después de que hace diez días el Estado panameño informara que reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) porque se violaron sus derechos hace una década, durante la Presidencia de Mireya Moscoso.
«El estado panameño sigue en silencio, como si no hubiera pasado nada. Dice que es responsable con el derecho internacional humanitario mientras en las puertas de la embajada estoy hace 40 días. Me están arrancado lo que es mío, lo que me pertenece, lo que me dio la Corte», dijo Vélez.
El ecuatoriano se alimenta con sueros y asegura haber perdido once kilos desde que inicio la huelga ante la embajada, donde montó una especie de puesto de guardia en el que duerme.
Panamá aprobó el 14 de febrero pagar a Vélez una indemnización de 27.500 dólares y 24.000 dólares más al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que asesoró al ecuatoriano, pero éste espera que le digan cuándo ocurrirá tal cosa.
Hace una semana llegó a La Paz un nuevo embajador panameño, Afranio Herrera García, quien, según Vélez, le ratificó que trabajan para cumplir la sentencia.
El ecuatoriano, casado con una boliviana, fue detenido en 2002 por las autoridades de migración de Panamá, que le acusaron primero de estar vinculado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego de ser peligroso para el orden y la seguridad pública.
Fue liberado diez meses después, tras enfermarse de úlceras, perder un testículo y sufrir daños en los pies, un brazo y la cabeza como consecuencia, según dijo, de las torturas a las que fue sometido en la prisión panameña.
Vélez recordó que la CorteIDH, al emitir el fallo en diciembre de 2010, dio a Panamá un año para pagar la indemnización, y tras ese plazo deberá pagar intereses.
