Sancionar a los malos funcionarios, como una de las medidas para que la justicia recupere la confianza ciudadana, es una de las prioridades del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) en su condición de “órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”.
En este sentido, desde el 26 de julio pasado, en que por mandato popular inició sus funciones, el CJT -hasta el 20 de diciembre de 2011- ha tramitado 308 sumarios administrativos a funcionarios judiciales.
De ellos, 60 judiciales fueron destituidos, 75 suspendidos, 57 multados, 22 amonestados, 40 absueltos, 42 liberados de culpa porque fueron absueltos, en 42 casos los sumarios fueron desechados, 4 archivados y en 8 prescribieron.
“Casi en todos los plenos (reuniones de los miembros del Consejo) hemos conocido sumarios”, dijo el vocal del CJT, Fernando Yávar, y subrayó: “Esto ha permitido terminar con este rezago de sumarios que existían en el Consejo, lo que derivaba en una desconfianza ciudadana que no denunciaba los hechos cuando se cometía una infracción disciplinaria, ya que no tenía retroalimentación de que esta denuncia tendría resultado en algún momento”.
Tras recordar que en la mayoría de ocasiones en las judicaturas anteriores esas denuncias no avanzaban ni prosperaban, enfatizó: “Hoy hemos recuperado la confianza de los ciudadanos y lo seguiremos haciendo”.
El presidente del CJT, Paulo Rodríguez, fue claro en señalar que no se trata de persecución contra los judiciales, sino de trámites que han sido presentados por instituciones y por la ciudadanía, lo cual fue corroborado por Yávar, quien indicó que los servidores tienen también derecho a que se respete su presunción de inocencia, por lo que han tenido las facilidades para demostrarlo en las acusaciones que se les han formulado.
Nelson, quien no quiso dar a conocer su apellido para evitarse inconvenientes, dijo que, en su condición de servidor de uno de los juzgados de Pichincha, está de acuerdo con el control disciplinario, ya que tiene muchos compañeros que cometen irregularidades, como por ejemplo no aparecer una de las tardes al trabajo. “No es justo que por unos paguemos todos, yo estoy de acuerdo con el control”, afirmó.
Según el Art. 181 numeral 5 de la Constitución de la República, el CJT, a través de la Unidad de Control Disciplinario, tiene como función “velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”.
Paralelamente, y como otra de las medidas para recuperar la confianza ciudadana en la justicia, el CJT lleva adelante el proceso de evaluación de todos los servidores judiciales, excepto los cerca de 800 que tienen previsto desenrolarse de la Función en el transcurso de este año.
La evaluación, que se encuentra en la fase de la productividad, permitirá conocer con certeza, a fines de este mes de enero, cuántos empleados deberán salir de sus cargos para así poder convocar a los respectivos concursos y llenar las vacantes.
En el marco del proceso de evaluación a los aproximadamente siete mil servidores judiciales, durante esta semana el CJT realizará el levantamiento de información sobre la variable de productividad de cada uno de los empleados y funcionarios de las provincias de Los Ríos y Galápagos. El resto de provincias ya pasó esta evaluación.
En esta etapa, los trabajadores de la Función Judicial podrán obtener 30 puntos, de un total de 100.
Tania Arias, vocal del CJT, expresó que hasta octubre de 2012 se contará con nuevo personal, el cual entrará a la Función Judicial “de forma transparente y cumpliendo los parámetros que manda la ley”.
La funcionaria dijo que para este año la Judicatura llamará a nuevos concursos de méritos y oposición para llenar más vacantes en la Función Judicial. Se deberá llenar alrededor de 300 vacantes para jueces provinciales y de primer nivel, también habrá un segundo concurso para designar nuevos jueces de Niñez y Familia, el cual deberá terminar en junio de 2012.
Por mandato popular el CJT tiene un plazo de 18 meses, contados desde el 26 de julio de 2011, para reestructurar la justicia ecuatoriana.
