El proyecto fue planteado por la Comisión de Gobiernos Autónomos que preside Virgilio Hernández, asambleísta de PAIS. La iniciativa modifica la normativa sobre la creación de circunscripciones territoriales, competencia de los gobiernos autónomos.
En esta ley también se aborda el presupuesto que será administrado por los gobiernos parroquiales. El proyecto se basa en 49 artículos y contempla una disposición final.
Hernández explicó que sólo con el actual texto del Cootad, en Quito se han regularizado 273 barrios, pero que, además de la voluntad política, son necesarias ciertas precisiones para permitir el avance de los GAD municipales en la organización de sus territorios.
Añadió que en dos años se crearon más de 40 juntas parroquiales rurales en el país, la mayoría sin cumplir los requisitos, por lo que se requerirá de un dictamen previo de la Corte Constitucional; informe favorable del INEC, en cuanto a la población; y, de la CELIR respecto a los límites territoriales.
Indicó que con la creación de nuevas circunscripciones no podrá afectar en los requisitos a aquellas jurisdicciones de las que se escinden.
Sobre la expropiación de predios, explicó, se emitirán títulos de crédito para los propietarios de los terrenos (no para lotizadores); pago de justo precio, se reconocerán pagos totales y parciales; no se titularizarán predios en zonas de alto riesgo.
En el marco de este debate, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Jorge Martínez, resaltó que la expedición del Cootad, en octubre de 2010, marcó un hito en la descentralización del Estado y ha significado el inicio de un proceso ordenado, progresivo e irreversible de transferencia de competencias.
Sin embargo, se mostró preocupado en el tema de remoción de autoridades de elección popular de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), aduciendo que existe una inadecuada interpretación sobre este aspecto.
Sostuvo que en los últimos 30 días se ha destituido a los alcaldes de Muisne y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas y se conoce que se han presentado o se presentarán procesos similares en otros cantones.
Indicó que esta situación ha ocasionado la judicialización de las pugnas al interior de los concejos cantonales, se crean municipios paralelos, se afecta la ejecución de la obra pública, en perjuicio de las comunidades y afectando los procesos de desarrollo local.
En este sentido, solicitó se defina el procedimiento de remoción de las autoridades locales, aclarándose que esta solo procederá cuando exista una sentencia ejecutoriada que determine una violación a la ley o actos de corrupción comprobados judicialmente, garantizándose la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
