El titular del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Patricio Barriga, habla sobre su labor emprendida junto a otros cuatro miembros designados por distintas organizaciones en base a lo dispuesto por la nueva Ley Orgánica de Comunicación.
Mediante decreto ejecutivo fue delegado para dirigir este organismo, ¿qué tareas encabezan la agenda de trabajo?
Arrancar con la nueva estructura institucional. La Ley Orgánica de Comunicación da luz verde para crear la Superintendencia de Comunicación e Información y este organismo. Para ello se han realizado trabajos de diseño y un modelo de gestión orgánico funcional. Además se está esbozando un presupuesto.
¿A qué apunta ese modelo de gestión?
A ser un ente especialmente técnico en donde se apoyará el trabajo en lo relacionado con la producción normativa, el análisis de contenidos, la investigación, la estadística y el contacto ciudadano. Estos temas buscan fortalecer los preceptos, los mandatos de la ley, que es desarrollar y promover en el ámbito administrativo los derechos que tenemos los ciudadanos sobre comunicación e información.
Como ex funcionario de la Secretaría de Comunicación y ex periodista, ¿qué opina de los medios de comunicación del país?
Creo que los medios de comunicación ciertamente son una herramienta necesaria para fortalecer la democracia.
¿Los medios de comunicación continúan siendo ese «cuarto poder» del Estado?
Ciertamente son un poder fáctico. Creo que en un principio fueron necesarios para darle un contrapeso al poder político. Ahora se han convertido en un poder en sí mismos, donde han extraviado su misión fundamental de informar. En el caso de los medios ecuatorianos vemos quizá a la luz estas relaciones de propiedad, en donde los grupos económicos y políticos controlaron esos medios de comunicación.
¿Qué busca en esencia la Ley de Comunicación?
Creo que uno de los aspectos fundamentales es que la Ley Orgánica de Comunicación busca modificar esas relaciones de propiedad y de poder de los medios para que podamos tener una prensa mucho más pluralista.
Ha existido una concentración de medios en pocas manos y a la luz de esta nueva Ley se promueve la disolución de esos medios de comunicación, con una producción en beneficio de los ciudadanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al presidente Rafael Correa que solicite una opinión a la CIDH sobre la compatibilidad de la nueva Ley de Comunicación con los estándares internacionales en materia de libertad de prensa y expresión. ¿Qué opina al respecto?
En realidad me ha sorprendido, ya que la SIP me invitó a participar de la 69 Asamblea General para hablar sobre la Ley de Comunicación durante el 18 al 22 de octubre de 2013 en Denver, Colorado, Estados Unidos. Al ser una de las principales sociedades detractoras de la Ley de Comunicación, creo que esta organización no necesariamente está defendiendo los derechos de los ciudadanos. Está claro que defiende los derechos de las empresas que representan.
Sin embargo estamos abiertos a recibir las iniciativas de todos los sectores. Toda esta campaña impulsada por esas organizaciones políticas son contrarias a lo sublime de defender los derechos de los ciudadanos.
Una de las atribuciones del Consejo es establecer mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de la información a los servicios de la comunicación. ¿Cuáles son estos servicios?
Uno de ellos es la creación de una Dirección de Contacto Ciudadano, justamente para que exista una amplia participación. Este Consejo busca promocionar espacios en donde todos seamos capacitados para tener una lectura crítica de lo vertido en esos medios de comunicación y estar alertas a la defensa de sus derechos.
¿Cuándo se plasmará esto?
Por ahora existe «institucionalidad cero». Tenemos que superar algunos pasos en el ámbito financiero y administrativo ante entidades correspondientes para que nos provean de recursos. Creo que nos va a tomar algún tiempo más, porque hasta ahora no tenemos oficinas para arrancar con la nueva institucionalidad. En el nuevo modelo de gestión, la Dirección estará integrada por profesionales de primera línea.
¿Cuándo estaría listo el reglamento Orgánico Funcional?
El reglamento debe ser presentado dentro de los 60 días después de que el Consejo fue integrado y tenemos que hacerlo en los próximos días. No queremos utilizar todo el plazo que nos da la Ley, que vence el próximo 26 de septiembre, ya que previamente presentaremos un borrador ante el Ejecutivo para que nos permita trabajar en una línea de propuesta del reglamento.
¿Qué temas están pendientes a más del presupuesto interno?
Con la aprobación del Reglamento Orgánico y del Modelo de Gestión, podemos seguir con las propuestas ante los Ministerios de Finanzas y de Relaciones Laborales, una vez que nos asignen presupuesto. Para el reglamento se ha dispuesto un cronograma de trabajo esta semana, en la que un grupo de asesores se reunirá con distintos sectores y actores involucrados en el ámbito de la comunicación y de la publicidad para recoger sus inquietudes.
¿Qué falta por cumplir?
La entrega de las declaraciones juramentadas por parte de los concesionarios de frecuencias tanto sonoras como audiovisuales. Además, el pasado 25 de julio venció el plazo para que las agencias de publicidad puedan adaptar sus trabajos tal como lo ordena la ley. Desde esa fecha corre el plazo para que las piezas audiovisuales y publicitarias cuenten con el componente de producción ecuatoriana.
¿Los miembros del Consejo, al ser de distintas organizaciones, han tenido divergencias?
Consideramos que en este Consejo existen experticias que vale la pena reflejar sobre la base de su conocimiento en la elaboración de este reglamento. Se trata de un equipo multidisciplinario. El hecho de que exista una representación del Estado en este Consejo, significa una real fortaleza para que se desarrolle una comunicación inclusiva. Hasta ahora el trabajo ha sido sólido porque contribuye a una negociación de saberes que vale la pena potenciar.
¿Cuál es la periodicidad de las reuniones internas?
Una de las resoluciones del Consejo fue establecer al menos una reunión formal a la semana para resolver los temas más inmediatos, en una oficina prestada ubicada en el norte de Quito, contando con poco personal.
