Por primera vez el tema de la diversidad sexual y el reconocimiento al derecho de las minorías entra con fuerza en una campaña electoral en Ecuador. Ahora, en una entrevista es frecuente preguntar al invitado si está a favor o no del matrimonio igualitario, pese a que la Constitución vigente prohíbe las bodas entre personas del mismo sexo y solo reconoce las uniones de hecho.
A eso se suma que los colectivos GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales) tienen una mayor y visible presencia en la sociedad, por lo que -de manera organizada- manejan su propia agenda.
Con ese antecedente, ¿los candidatos a la Presidencia han tomado en cuenta sus pedidos? Efraín Soria, coordinador de Fundación Equidad y activista desde 1988 por políticas y derechos para los gays, cree que parcialmente. “Encontramos polarizado el tema de la inclusión de la diversidad sexual en las diferentes propuestas de gobierno, algunos partidos sí tuvieron un acercamiento con la comunidad GLBTI. Nosotros, como comunidad, aspiramos a que los compromisos hechos públicamente por los candidatos se concreten, en caso de que lleguen a la Asamblea o a la Presidencia, estaremos vigilantes”.
Los pedidos de la comunidad GLBTI tienen que ver con igualdad de derechos sobre diversidad sexual y políticas públicas. El respeto a la diversidad sexual y a la Constitución son el pilar de su propuesta.
La integración es el segundo punto y el tercer planteamiento tiene que ver con la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional tomando en cuenta la diversidad sexual, como el proyecto de Ley de Registro Civil.
Además, existen otras solicitudes que se generan alrededor de la salud, especialmente en temas de educación sexual y salud reproductiva. En lo laboral, buscan menor discriminación y mayor acceso a las empresas.
En lo educativo se hace referencia a los jóvenes y adolescentes que empiezan a definir su sexualidad, además de prevenir el “bullying” (acoso) en colegios o violencia de género. En el espacio mediático se pide regular el contenido de programas que apelan a la burla o a los estereotipos de personas homosexuales.
“Sobre el tema del matrimonio y la adopción, aún es una lucha para el colectivo”, reconoce Pamela Troya, coordinadora de Igualdad Ya, pues, a pesar de que existe una ley que respalda la unión de hecho, muchas notarías no la respetan. “De todas las notarías del país, apenas diez permiten las uniones de hecho; en Quito son solo cinco”.
Igualdad de Derechos ¡Ya!, una organización política a favor de las minorías sexuales, realizó un análisis sobre la inclusión de la agenda GLBTI en los programas de gobierno de los ocho candidatos a la Presidencia.
Según ese estudio, el binomio Alberto Acosta-Martha Caicedo es el que mejor calificado resulta porque su proyecto político contempla los pedidos del colectivo GLBTI de forma integral, tanto en gestión de gobierno y trabajo legislativo como en aspectos de derechos, uniones de hecho, identidad de género, inclusión económica, vivienda y participación.
En segundo lugar están Norman Wray y ángela Mendoza, de Ruptura 25. Ese movimiento, según el informe, acoge en sus listas a candidatos comprometidos con la lucha de la diversidad.
En tercer lugar están los candidatos de Alianza PAIS, Rafael Correa y Jorge Glas. En su plan de gobierno publican dos propuestas de trabajo (la 16 y 19) relativas a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, el impulso a políticas educativas inclusivas, el accionar inclusivo con familias diversas, las políticas públicas antidiscriminatorias hacia los GLBTI y la facilitación de trámites en uniones de hecho. Asimismo, la propuesta 19 establece líneas de acción inclusivas en el área judicial contra la violencia de género que afecta a personas transexuales.
El siguiente lugar es ocupado por Guillermo Lasso, quien en una carta pública mencionó que “está en oposición a cualquier ley que coarte derechos a las diversidades o manifestación de tipo homofóbica”. En los últimos lugares están Mauricio Rodas, álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez y Nelson Zavala.
“Nuestra lucha más fuerte es lograr que las políticas del Gobierno se ajusten a cumplir lo que dice la Constitución”, afirma Troya, en referencia a los artículos 67 y 68. “En la Carta Magna las palabras están escritas de una manera muy lírica, muy bonita, pero no logra hacer realidad procesos de exigibilidad de hecho”, manifiesta la activista.
Para el sociólogo Vladimir Sierra, el tema está mediado por la complejidad de la moral religiosa y el de derechos humanos. “Para que los candidatos tomen con seriedad las exigencias de la comunidad GLBTI es necesario plantear discusiones serias, tanto en lo público y privado como en lo político, sin que esto agreda a los demás ciudadanos, pues nuestra cultura todavía está determinada por la moral cristiana, pero el diálogo es necesario para cambiar la mentalidad de los ciudadanos con respecto a la diversidad sexual”, asegura el catedrático.
La Constitución de 2008 es considerada como un logro histórico para garantizar los derechos sobre diversidad sexual y género. Reconoce en los artículos 67 y 68 las uniones de hecho en igualdad de condiciones, que son tramitadas en las notarías. Además, contempla diversos tipos de familia.
La Constitución también prohíbe la discriminación, lo que ya constaba en la norma de 1998. En ese sentido, la Ordenanza Municipal 240 de Quito señala que “se sancionará la violencia o discriminación contra personas con diversa opción y orientación sexual”. A pesar de que existen estas garantías, los activistas GLBTI concuerdan en que en el país no hay una política específica, aprobada y aplicada, que integre a la comunidad.
Karen Barba, de Fundación Causana, comenta que los candidatos se centran en temas icónicos, como la pobreza, las relaciones económicas, entre otras, mas no son proactivos en propuestas sobre diversidad sexual. Asegura que el debate político no surge porque la estrategia mediática contrapone la diversidad sexual con lo religioso.
