Para el observador de Justicia, Washington Moreno, la propuesta de la Consulta Popular planteada por el Ejecutivo es un mecanismo adecuado que permite que sea el pueblo el que decida sobre algunos aspectos relacionados con la administración de justicia.
El especialista se refiere a las preguntas 4 y 5 que plantean reformas en el Sistema Judicial pues, dice, “se han perdido muchos principios consagrados en lo que tiene que ver con la unidad jurisdiccional, no tenemos una independencia real, tampoco se respetan los principios de la transparencia y la celeridad”, dijo en una entrevista a Andes.
La pregunta cuatro del referendo pregunta al pueblo: ¿Esta usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de Judicatura de Transición confirmado por tres miembros designados, uno por la función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social para que en el plazo improrrogable de 18 meses ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?
La pregunta cinco dice: ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?
Moreno explicó que existe mediocridad en quienes administran justicia y que desde hace un tiempo atrás se ha convertido en un apéndice de lo político.
Señaló que en los últimos años, el Consejo de la Judicatura (CJ) han ingresado cerca de 1.000 funcionarios judiciales sin ningún tipo de selección, “sino aplicando la dedocracia y eso se refleja en los resultados que se están dando en contra de la comunidad”.
Justamente, esa es una de las causas por las que la Asamblea Nacional ecuatoriana inició un juicio político en contra de los nueve vocales del organismo. Ellos deberán responder a las acusaciones planteadas por el legislador Mauro Andino, quien los acusa por no sancionar a los jueces que permitieron la caducidad de la prisión preventiva y la consecuente liberación de delincuentes peligrosos.
Otras acusaciones son por presunto incumplimiento de funciones; tráfico de influencia; conflicto de intereses y presiones para que los jueces fallaran a favor de algunas personas en los procesos judiciales.
Los jueces procesados son Benjamín Cevallos Solórzano (presidente del CJ) y los vocales Hernán Jaramillo, Ulpiano Salazar, Homero Tinoco, Jorge Vaca, Oswaldo Domínguez, Oscar León, Luis Germán Vásquez; y, Marco Tulio Cordero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Por ello, el observador recalcó la importancia de la Consulta a efectuarse el próximo 7 de mayo. Dijo que es un mecanismo que iniciará el proceso de cambio del Sistema Judicial, pero advirtió que por sí sola no constituye la solución al problema.
Opinó que se debe trabajar desde las instituciones de educación para que las escuelas de derecho entreguen profesionales y abogados con ética y formación de servicio a la comunidad.
“Hay que rescatar los principios de la ética de la moral y obviamente es en lo que hay que trabajar para que exista una transparente y correcta administración de justicia. Es decir debería haber preparación, especialización y selección del elemento que vaya a formar parte del sistema judicial”.
Asimismo, mencionó que si bien siempre se ha peleado porque el Sistema Judicial sea independiente o se autorregule, los problemas a los que ha llegado “ya no tienen nombre, consideramos que está bien que exista un control por parte de otro organismos que estén pendientes y preocupados de la justicia”.
Moreno dijo que para el Ejecutivo pudo haber sido más sencillo dejar que este problema debía ser resuelto por el propio Sistema de Justicia pero reconoce que el Presidente ha asumido su responsabilidad como Jefe de Estado e “inclusive un altísimo costo político”.
Acotó que la reestructuración de la Justicia tomará al menos unos 18 meses pues sus resultados se verán a mediano y largo plazo.
El experto señala que se debe hacer un trabajo de control administrativo y disciplinario. Dijo que existe el Código Orgánico de la Función Judicial que establece sanciones a los jueces que no administren justicia, pero en la práctica no se lo ha aplicado. “Ese el inconveniente que tiene la Función Judicial desde hace mucho tiempo atrás que se ha convertido en letra muerta”.
Por ello, recalcó que de aprobarse la Consulta Popular el nuevo Consejo de la Judicatura debe cumplir con ese trabajo y debe estar integrado por gente transparente, honesta que no tenga intereses y “que cumpla con el mandato histórico de rescatar a la función judicial del nivel cual ha caído”.
