Nueve años han transcurrido desde que la falta de una consulta previa a la comunidad Sarayacu para la explotación petrolera del bloque 23, ubicado en la provincia de Pastaza, desembocó en un juicio en contra del Estado ecuatoriano que fue heredado por este Gobierno.
Durante su enlace sabatino, el presidente Rafael Correa aseveró que los únicos responsables de esta demanda, que se encuentra en su etapa final en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son los ex presidentes Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez.
“El caso Sarayacu no es nuestra culpa, es (producto de) una denuncia del pueblo. Hace nueve años, los gobiernos de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez sin consultar a la comunidad entregaron a una petrolera (Compañía General de Combustibles, CGC) el bloque 23”, sostuvo.
Si bien en 2002, la petrolera de origen argentino comenzó su operación de prospección sísmica en las 135.000 hectáreas, en su mayoría de selva virgen, fue en 1992, bajo el gobierno de Rodrigo Borja, que se le adjudicó el contrato.
Entre diciembre de 2002 y enero de 2004 se presentaron altercados con trabajadores de la Compañía General Geofísica, contratada por la CGC para los estudios sísmicos.
La empresa acusó a dirigentes de Sarayacu de secuestro de trabajadores y robo de materiales. Entre los dirigentes de la comunidad kichwa se encontraba Marlon Santi, quien solicitaba el derecho de su pueblo para administrar los recursos de su jurisdicción territorial con base en la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre los pueblos indígenas.
Torturas a indígenas y hostigamiento de parte de militares fueron la tónica que desencadenó en 2003 un juicio en contra del Estado ecuatoriano que llegó a la CIDH, que concedió medidas cautelares a favor de los indígenas. En la actualidad, Santi responsabiliza al Gobierno por lo sucedido con la compañía CGC.
Cuestiona -además- a la empresa estadounidense Burlington Resour por tener derechos en el bloque dejado por CGC, al que se le canceló el contrato en 2010.
Pero el Gobierno, para atender el malestar del pueblo de Sarayacu y en cumplimiento a lo solicitado por la CIDH, ha hecho múltiples esfuerzos para retirar la pentolita (explosivo) que sirve para realizar las acciones de exploración petrolera y que fueron dejadas por las empresas contratistas. La operación técnica duró ocho meses y tuvo un costo que sobrepasó los 700.000 dólares.
Otra de las acciones emprendidas por el Ejecutivo consiste en una carta que fue enviada en 2011 a la CIDH para que visite “in situ” la comunidad Sarayacu. El pedido se hizo efectivo ayer, cuando delegados de la CIDH visitaron la comunidad para recoger los testimonios antes de emitir la sentencia.
El procurador del Estado, Diego García, aclaró que la época que se firmó el contrato no era necesaria una consulta previa. Este mecanismo nació con la Constitución de 1998 y fue ratificada en 2008, pero una consulta a la Corte Constitucional en marzo de 2010 precisó que no es vinculante.
Las ONG entorpecen acciones
Pese a la intervención del régimen, el Mandatario indicó que ciertos dirigentes lo que buscan es continuar el problema porque son manejados por las ONG.
“Fundaciones internacionales dan harta plata a Sarayacu y a fundaciones nacionales para entorpecer la explotación responsable de nuestros recursos naturales no renovables, como el petróleo y los minerales”, manifestó.
Comentó que en Europa están en una campaña en contra de Ecuador para impedir la XI Ronda Petrolera.
Señaló que la asociación francesa Paroles de Nature trata de involucrar al Gobierno en el conflicto territorial entre pobladores de las comunidades Kutucachi y Sarayacu.
Trascendió que todos los socios de este organismo responden a entidades como la World Wildlife Found. “Para garantizar su éxito pretenden entregar a Sarayacu 11.630 euros antes del 10 de abril”, precisó.
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