Por carecer de fundamento legal, la Sala única de la Corte Provincial de Sucumbíos, desechó este viernes la demanda de recusación interpuesta por Chevron contra la Conjuez Lilia Ortiz, quien tramita el caso de ejecución de sentencia dispuesta contra la petrolera.
Con este dictamen continúan los procedimientos judiciales para que los afectados por Chevron-Texaco puedan ejecutar el cobro de la condena impuesta a la transnacional y que asciende a más de 18 mil millones de dólares.
La demanda interpuesta en contra de la Conjuez, fue calificada de “una jugada más de Chevron por detener el pago que debe realizar en favor de los afectados” dijo Pablo Fajardo, representante de los demandantes, quien ratificó que la sentencia es ejecutable y por eso se han realizado las acciones iniciales para lograr embargos en países como en Brasil y Canadá, sistemas judiciales que por su prestigio, no podrán ser “usados por la empresa para burlarse de los ecuatorianos afectados por la contaminación”.
Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía, sostuvo que “la recusación propuesta por Chevron fue una artimaña más de la petrolera para obstruir la administración de la justicia.
En esta ocasión su intención fracasó”, además añadió que “ante la firme decisión de la jueza Ortiz por ejecutar la sentencia y aplicar la ley, es prudente que se brinde la seguridad necesaria a la Jueza; estamos seguros que Chevron seguirá buscando e implementando más artimañas con el fin de evitar que se ejecute la sentencia”.
Por su parte Luis Yanza, coordinador Ejecutivo de la Asamblea de Afectados, se manifestó satisfecho por la resolución de la Corte, la que, según dijo “demuestra que cada vez es más difícil para Chevron engañar y presionar a la justicia” de Ecuador, a la vez que añadió “que el daño está en nuestras tierras, es evidente y ha sido probado en todas las instancias”.
Chevron, por su lado, insiste en que su postura sobre este tema no ha cambiado. Texaco, que fue la empresa acusada, ya arregló este asunto, hizo una remediación que fue aprobada por todos los niveles del Gobierno ecuatoriano y fue liberada de toda futura responsabilidad por cualquier problema ambiental en el área de la antigua concesión.
Chevron insiste en que nunca ha operado en el Ecuador, en que no tiene responsabilidad alguna por problemas que podrían existir en la región y en que no tiene “ninguna intención de escribirles un cheque a abogados que han perpetrado fraude, pagado sobornos y corrompido el proceso judicial en Lago Agrio”, según el comunicado se la firma.
