Hace casi tres meses un refugiado colombiano (del cual es mejor ocultar el nombre por seguridad) que laboraba como comerciante informal, denunció a la Policía Metropolitana. Su declaración sostenía que dicha institución le exigían 1 dólar por cada agente presente en la zona. Si no poseía el dinero «que debía pagar» tenía que regresar a su casa, «si no tenía cómo darles, me tenía que ir a mi casa».
Ante esto, según informó diario El Telégrafo, la Defensoría del Pueblo del Guayas (DPG) declaró que se han vulnerado los derechos de refugio y al trabajo autónomo.
La DPG aceptó la denuncia del comerciante informal colombiano y la calificó como extorsión.
Por esta razón, la entidad estatal dispuso que los agentes de la Policía Metropolitana reciban cursos para promover el respeto de los derechos humanos y de la población en general, así como los derechos de los refugiados.
Adicionalmente, la DPG exige al Cabildo que adecúe su normativa de acuerdo a la Constitución del Ecuador, especialmente la «Ordenanza sustitutiva de la Ordenanza que norma la instalación de kioskos y carretillas y demás formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos de la ciudad».
Según la entidad estatal, dicha normativa se contradice con el artículo 33 de la Carta Magna que garantiza el derecho al trabajo.
Por otra parte, según la publicación del diario mencionado, el comerciante informal continúa con la venta de artículos, pero se muestra preocupado por las reacciones y retaliaciones que puede representar la resolución.
