(por Alejandra Carrión Vásquez / El Telégrafo)
Estela Díaz trabaja para una señora que vende comida y jugos en uno de los mercados tradicionales de Quito. Pica, con cuchillo en mano, todos los ingredientes necesarios para cocinar: cebollas, tomates, frutas, carnes, papas, legumbres en general… y hasta le cuida a una de las nietas de su patrona y casi, a día seguido, soporta los gritos de la suegra de su empleadora.
Su jornada empieza a las 08:00 y termina, según la rapidez con la que haga el oficio, entre las 14:00 y 15:00. Su lugar de trabajo es la casa de su patrona.
Cuando se enferma o tiene algún accidente en el quehacer diario, como cortarse la mano con el cuchillo, cuya curación depende de una sutura o pescar gripe por los continuos cambios de temperatura en la cocina, tiene que pagarse los medicamentos, el médico y hasta le descuentan el día, aún si presenta certificado médico. Si falta a las labores, para evitar el descuento envía a una de sus hijas para reemplazarla, o las lleva con ella para que la ayuden si se siente muy mal, por que “enferma, enferma, me toca ir a trabajar”, recalca.
Ha laborado seis días a la semana durante más de un año y ahora su patrona le ha pedido que vaya a ayudarle al mercado también los domingos. Eso sí, sin aumento de sueldo. A Estela le pagan 220 dólares mensuales, sin cancelarle los décimos o registrarle horas extras.
Pese a que su trabajo la coloca en relación de dependencia laboral, su jefa no le ha afiliado al Seguro Social, por consiguiente, Estela no tiene acceso a la atención médica para ella o para alguna de sus cuatro hijas. Tampoco tiene opción a préstamos quirografario o hipotecario ni fondos de reserva.
Al igual que ella, cuenta Estela, diez mujeres más están en la misma situación con su patrona, que al momento es dueña de tres o cuatro locales de venta de comida y jugos en el mercado. Quienes atienden esos lugares son familiares de su jefa.
“Le hemos pedido que nos afilie al Seguro y nos dijo que no tiene número patronal, además que ella nunca ha afiliado a ninguna de las que ha trabajado allí. Le pedimos también que nos ayude para afiliarnos de manera voluntaria, pero igual nos dijo que ella no tenía tiempo”, afirma Estela y “nos dijo que ella no tenía plata para afiliar. Que si no nos gustaba nos vayamos”.
En cuanto al último incremento del sueldo básico, Estela le informó a su patrona que ya subió el mensual. “Y ella nos dijo a todas ¿Es que yo cómo les voy a pagar lo que ustedes dicen? Ustedes tiene que ver y pensar que por eso se quedan sin trabajo, porque ustedes quieren que les pague lo que el Correa dice”, manifestó.
Está de acuerdo que en la Consulta Popular se pregunte si la no afiliación de los trabajadores sea penado con la cárcel y asegura que siempre ha trabajado en labores domésticas, picando o cocinando. Algunos patrones la afiliaban, otros no lo hacían.
Recuerda que la hija de una de sus ex jefas le dijo que su madre falleció, y le informó que no podía seguir en el trabajo y que no reclame su liquidación. Luego se enteró que estaba viva. “A las empleadas domésticas jamás nos han pagado lo justo, y si exigimos nos mandan”.
Cuenta que su hija mayor trabaja como costurera más de tres años, le prometieron que le afiliarían el año pasado pero eso no pasó. “Le pagan 220 dólares también, su horario es de ocho horas, pero siempre llega temprano y se va tarde”.
Estela pide que mantengamos en reserva su verdadero nombre, pues con su salario mantiene a sus hijas y no quiere perder su trabajo, pero busca que la afilien, “no es por hacer la maldad, pero necesitamos ser afiliadas”, insiste.
Solicita a las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales y de la Seguridad Social “se den una a vuelta por los mercados, que vean, investiguen cuántas empleadas sin afiliación tienen los dueños de los puestos en sus casas para hacer la comida que venden”.
