Tras la rectificación judicial y las disculpas publicadas ayer por diario La Hora sobre la base de una sentencia del Juzgado XXI de lo Civil de Pichincha por una noticia “inexacta” del 10 de octubre pasado, expertos creen que la sanción también debería alcanzar a la organización que emitió el informe: Corporación Participación Ciudadana (PC).
La sentencia se produjo tras la acción de protección interpuesta por óscar Pico Solórzano, subsecretario de la Administración Pública, contra diario La Hora y Editorial Minotauro S.A., representadas por Francisco Vivanco Riofrío, presidente ejecutivo y director.
El juez de la causa, Marco Albán, en su resolución señaló que “se declaran violados los derechos constitucionales a la información veraz y el derecho a la rectificación, previstos en los artículos 18 -numeral 1- y 66 -numeral 7- de la Constitución, a consecuencia de las publicaciones de La Hora, materia del juicio constitucional en perjuicio del Estado”. Por ello, Albán conminó a que el matutino “el día miércoles 14 de noviembre de 2012 exprese disculpas públicas al Estado…”.
Ayer, La Hora incluyó lo que señalaba la sentencia: “La información contenida en el oficio N° PR-SSADP-2012-001513-0, del 11 de octubre de 2012, en lo pertinente al gasto del Gobierno, de modo que la publicación no genere a sus lectores la impresión de tratarse de una ‘réplica’ del Gobierno a las publicaciones…, sino de una ‘rectificación judicial’ de carácter constitucional al contenido de dicha publicación conforme ordena la Constitución”.
La “rectificación judicial” la hizo con igual diagramación, caracteres y espacios de la edición de la nota publicada el 10 de octubre de 2012 en la que indicó que el Estado habría gastado 71 millones de dólares en publicidad, lo cual, durante el proceso judicial, se demostró que fue inexacto y afectó la imagen del Gobierno, ya que el monto alcanzaba los 12 millones de dólares.
El lunes pasado, Vivanco escribió en la página web de La Hora: “No tenemos que pedir disculpas porque la información publicada se basa en datos de PC. Además, se adjuntaron los puntos de vista de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y del vocero oficial de PAIS. La demanda desde el Gobierno no es contra sus autoridades o del mismo medio, es contra los ciudadanos que tienen derecho a recibir libre información mediante su elección”.
Sin embargo, ayer, al final de la “rectificación judicial” escribió: “La sentencia dispone que ofrezcamos disculpas al Estado, lo cual hacemos porque somos institución respetuosa de la Constitución y las leyes”.
Guillermo Navarro, experto en temas de libertad de prensa y de expresión, también cree que quien debe rectificar es PC “por ser quien direcciona la información en forma equivocada e intencionalmente porque pretende decir que el monto gastado por el Estado en publicidad corresponde al Gobierno, esa es una muy mala fe”.
Dijo que PC hace eso porque “fue creada con fondos de Usaid… 4 millones de dólares le entregaron a César Montúfar (del movimiento político opositor Concertación), lo cual es una política que Usaid aplica en todos los países de América Latina con gobiernos progresistas”.
“El Ministerio de Inclusión Social tiene la obligación de registrar y de autorizar a las ONG y, en caso de que encuentre que una de ellas es financiada por Usaid y que actúa contra el Estado manejando información malintencionada, debería retirarle la autorización porque no es la primera vez que Participación Ciudadana hace esto”, añadió.
