La Izquierda Democrática (ID) sería la única organización política borrada de los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que cuenta con bienes muebles. La organización, que este año iba a cumplir 43 años, es una de las 24 que desaparecerían, según disposición del CNE, por no lograr en cuatro años la reinscripción, como señala la Constitución de 2008.
Pero perder el logo, el número y la personería jurídica no sería el único problema para la agrupación sino que deberá entregar su sede, que es un edificio de cinco pisos y que funciona en la avenida Eloy Alfaro y Polonia, en Quito.
El partido político se creó en 1970 y puso en el poder al presidente Rodrigo Borja (1988-1992). Esos fueron los años de gloria de la ID, pero desde 1998 se empezó a levantar la sede, según los dirigentes, con dinero de los afiliados permanentes y con apoyo del fondo partidario (dinero que el Estado entrega a las tiendas políticas).
La agrupación recibió recursos públicos no solo por llevar a Borja al poder, sino también por los diputados y prefectos. En 1988 llegaron a la «cúspide», con el 80% de cuota política en el Congreso y 19 de las 20 prefecturas, según Marco Landázuri, uno de los fundadores del partido.
Cuando se construyó la sede, la oficina jurídica de Andrés F. Córdova, padre de Manuel Córdova, uno de los fundadores de la organización, dejó de ser la primera trinchera de la ID.
Allí obtuvieron su sede propia, que estos últimos años ha pasado cerrada, a pesar de que los dos primeros pisos lo ocupan las oficinas de la organización. Incluso en las pasadas elecciones de febrero, el logo de la ID compartió espacio con los carteles y propaganda electoral de la agrupación política CREO, liderada por Guillermo Lasso.
Mucho antes los problemas internos de la ID salieron a flote. Hubo dos dirigencias: por un lado la de Henry Llanes, que no fue aprobada por el CNE, y por otro la de Dalton Bacigalupo. Eso impidió que la agrupación se registrara. Llanes se alió a CREO y Bacigalupo a PAIS. Tras la pérdida de la personería jurídica, la organización tendría que devolver la sede, ya que, según Domingo Paredes, presidente del CNE, esta pertenecería al Estado.
La dirigencia de la organización se opone. Las decisiones del CNE se pueden apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hasta 12 días después de que se presenten las notificaciones electorales. El 9 de julio, el CNE adoptó la resolución de disolución de las agrupaciones políticas y notificación a los afectados.
Las apelaciones ante el TCE
El problema para la ID es aún más grave, pues al haber conflictos internos, el único que podría apelar la decisión es Bacigalupo, quien aparece como único representante ante el CNE. Pero él no quiere apelar la resolución, pues a su criterio se basa en disposiciones constitucionales y reglamentarias claras.
Piensa que borrar a la Izquierda Democrática (ID), y su número 12, del registro electoral es la única decisión en firme del CNE y que respecto de las propiedades no se ha tomado una resolución.
Para el presidente reconocido ante el CNE «los partidos que hemos recibido dinero público del fondo partidario tenemos que restituir esos dineros al referido fondo, todos son bienes, el dinero recibido es un bien como lo son los inmuebles». Y ratificó que «ya no tenemos personería jurídica, esos bienes serían bienes de nadie. El CNE está buscando la fórmula para que esos bienes tengan titularidad, son organizaciones públicas no estatales, sus bienes son públicos, tiene lógica, porque el Código de la Democracia habla de la extinción legalmente».
Reconoce que la organización no se pudo reinscribir por lo que llama una «traición divisionista», de Henry Llanes y Andres Páez, «que ahora son dirigentes de CREO, el uno suplente y el otro alterno por Pichincha». Pese a ello, Llanes llegó ayer al TCE, en donde presentó un recurso ordinario de apelación por el litigio de doble dirigencia de la organización.
Catalina Castro, presidenta del organismo, lo recibió y dispuso al secretario general, Guillermo Falconí, que dé el trámite pertinente, en donde se realizará el sorteo para que uno de los jueces electorales analice si existen los requisitos de ley para admitir el recurso.
La magistrada enfatizó que analizará detenidamente lo que se plantea en el escrito y, en los tiempos que manda la ley, se pronunciará conforme a derecho. La entidad tendría hasta cinco días para admitir el trámite.
Llanes manifestó que en la apelación de 12 hojas, su dirigencia justificó lo que llaman una «actitud de una persona que no se sabe a qué tipos de intereses responde», en alusión a Bacigalupo y afirma que este último fue electo desde el 24 de mayo de 2009 hasta 2011.
Además sostuvo que la sede fue construida por los militantes, quienes a su criterio habrían comprado el terreno y cuya edificación se hizo con fondos propios desde los 80, cuando se pensó en montar el edificio. Alude que no han contabilizado con cuánto aportaron los afiliados, pero que tienen recibos de aportes de los constructores, militantes y datos testimoniales de los fundadores.
Como parte del proceso, Bacigalupo estima que se deberán devolver los fondos que constan en dos cuentas bloqueadas en los bancos Pichincha y Produbanco, en donde la organización tendría 400.000 dólares. Expresa que se ordenó bloquear las cuentas porque Llanes habría girado cheques sin que sea presidente, «incluso puede haber un delito».
En cambio Llanes afirma que el dinero se bloqueó porque Bacigalupo estaba gastando en actividades que no venían al caso y que eso se reflejará en auditorías «porque el dinero solo se podría ejecutar para formación política, capacitación y publicaciones y no en compra de muebles y edificios».
