El Consejo de la Judicatura informó que se suspendió en el ejercicio de sus funciones, a tres jueces de primer nivel. Los jueces suspendidos son: Carlos B., de la Unidad Judicial Penal del cantón Quevedo (Los Ríos); Byron O., de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Flavio Alfaro (Manabí); y, Urvano R., de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Bucay (Guayas).
El juez Byron O., en una polémica resolución, ordenó el viernes 31 de marzo la liberación de Luis Alfredo Arboleda, “alias Godo Lucho”, cabecilla de la banda delictiva de “Los Lobos” y de Jairo Fernando Z., ambos recluidos en la cárcel de Latacunga.
Mientras, el Juez Carlos B, ordenó que en un plazo máximo de cinco días la empresa pública Inmobiliar debe devolver a Salcedo un automóvil, marca Toyota de 2019. Mientras que se ordena al Banco de Guayaquil que “proceda con la liberación de toda retención, bloqueo o incautación”, de al menos cuatro cuentas bancarias que poseía Salcedo.
En tanto, en el caso del juez Urvano R., la Fiscalía había allanado su oficina en el marco de la investigación de un presunto cometimiento de un delito de carácter sexual.
La Judicatura explicó que el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, faculta al Pleno de la institución a suspender de forma preventiva en el ejercicio de sus funciones a servidores de la Función Judicial, por el plazo máximo de tres meses, incluyendo su remuneración, cuando considere que se ha cometido o se está cometiendo infracciones graves o gravísimas previstas en la mencionada normativa.
La suspensión de los jueces regirá a partir de la correspondiente notificación y en el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente a la resolución de la medida preventiva, el Consejo de la Judicatura deberá resolver, de forma motivada, la situación de los servidores judiciales que fueron suspendidos.
“El Consejo de la Judicatura ratifica que, en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia, aplicará con rigor las sanciones disciplinarias que correspondan en los casos en los que se compruebe que los operadores de justicia actúan contra la ley y abusan de sus competencias”.
