Ana Chalén se aferra a una fotografía de su nieta en las afueras de la Corte de Justicia de Guayaquil. Su hijo de 38 años fue víctima de una mala práctica médica y murió en 2008, dejando cuatro niñas en la orfandad. Ella acude desde entonces todos los miércoles a reclamar que se condene al médico responsable, pero lamenta que el proceso avance lentamente.
Al igual que Ana, muchos ciudadanos prefieren hacer escuchar su voz en los exteriores de la Corte ya que coinciden que los jueces por desinterés, negligencia o corrupción, no aplican de manera eficiente la justicia. Los casos se multiplican a tal punto que los ciudadanos han optado, al agotarse las instancias internas, acudir a instancias internacionales.
Este fue el caso de Dolores Guerra, cuyo esposo, Johnny Gómez, desapareció hace siete años luego de una balacera en la farmacia Fybeca en Guayaquil. De esta desaparición se acusó al policía retirado Erick Salinas, a quien los jueces no le encontraron responsabilidades. Hace pocas semanas Salinas fue capturado, acusado de violar a su hija de doce años. “Si la justicia hubiese accionado en un caso donde había un delito revelado, no estuviéramos ahora frente a un juicio de violación”, dijo Guerra a Andes.
Relató que su caso pasó “de mano en mano” por varios juzgados. “Qué vergüenza de justicia tenemos”, lamenta Guerra quien opina que la garantía de los derechos no debe privilegiar a los criminales, sino a los ciudadanos. Carmen Valencia es otra ciudadana que ha optado por reclamar justicia en las calles desde 2002 por la muerte violenta de su hijo, en el Guasmo Sur a manos de un marino en servicio activo. Su juicio fue tramitado por el juez suplente, Manuel Vélez, quien –dijo Valencia- sin leer el expediente sobreseyó al presunto responsable. Valencia es una mujer de extracto humilde y opina que la iniciativa del Gobierno de reestructurar el sistema de justicia evitará que se sigan presentando hechos de corrupción.
Carlitos Rodríguez, el hijo de Patricia Cárdenas murió hace 12 años debido a una mala práctica médica en el hospital Roberto Gilbert. Pese a haber un dictamen acusatorio contra el médico responsable, el juez décimo tercero de lo Penal, Ronald Guerrero, lo libró de culpa. Cárdenas, abogada de profesión, se vio en obligación de llevar su caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya que la justicia en el país, lamentó, es corrupta.
“Guerrero me dijo que lo sentía mucho porque había un niño fallecido, pero que él tenía presiones de muchos lugares. Claro, el hospital es de la Junta de Beneficencia. Lamentablemente no se hizo justicia. No puedo tachar a todos los jueces, pero sí, en gran mayoría hay jueces corruptos y lo que queremos es una reestructuración, que se reestructure la Función Judicial y que venga gente que en realidad vaya a hacer cumplir la justicia”, sostuvo.
Marjorie Gutiérrez Jaramillo presentó en 2010 una queja ante el Consejo de la Judicatura contra la jueza décimo tercera de la niñez, Martha Contreras Falcones, quien anuló el aumento de una pensión alimenticia ya autorizada por instancias superiores.
Pese a existir pruebas de sobra, señala que la jueza se parcializó con el demandado en un caso que, a su criterio, tiene visos de corrupción. Pero a pesar de la queja ante la Judicatura, esta instancia no ha atendido su demanda, por lo que Gutiérrez cree que en lugar de sancionar, el Consejo protege a los jueces corruptos e ineficientes.
