El bloque legislativo de Alianza PAIS determinará un plazo de cien días para aprobar leyes que en el actual periodo legislativo fueron bloquedas.
En las elecciones del 17 de febrero, el movimiento oficialista Alianza PAIS logró cien escaños de los 137 que integran la Asamblea unicameral del Ecuador. Entre las leyes que se impulsarán en el inicio del nuevo periodo parlamentario constan, además de la ley de Comunicación, el proyecto de ley de Tierras y Territorios y la de Recursos Hídricos (ley de Aguas), dijo Ximena Ponce, asambleísta electa por el movimiento oficialista.
Otras leyes que constan como prioridad son la de Seguridad Social, el Código de la Salud, la ley de Ordenamiento Urbano y Rural, el nuevo Código Penal Integral, la ley de Biodiversidad y Semillas, indicó Virgilio Hernández, legislador electo por la provincia de Pichincha.
En el caso de la ley de Comunicación, Virgilio Hernández explicó que servirá para redistribuir las frecuencias y terminar con el dominio oligárquico de los grupos fácticos y, de esa forma, garantizar el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior.
«La información en el siglo XXI debe ser un patrimonio ciudadano; es un bien público y no solo de quienes han tenido el capital para construir una empresa (…) democratizar la información, lejos de lo que se dice, aumenta la condición de deliberación y democratización del poder», subrayó el asambleísta Hernández.
Por ello, insistió que es una obligación democratizar la comunicación y aprobar una ley que respete y garantice los derechos de todos los ciudadanos. «La ley de Comunicación no es contra nadie, es a favor de los ecuatorianos», apostilló.
La semana pasada, los asambleístas electos se reunieron con el presidente Rafael Correa, en un taller en el que se trabajó sobre los ejes programáticos entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como en aspectos operativos como el código de ética y del funcionamiento de los asesores del bloque.
El presidente Correa mencionó en aquella ocasión que era necesaria la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para marchar «como un reloj suizo» en los próximos cuatro años de gestión y así responder a la enorme responsabilidad que les ha dado el pueblo ecuatoriano.
Pese a que la promulgación de la ley de Comunicación consta en dos mandatos constitucionales (por la Constitución vigente aprobada en 2008 y por el voto popular en el referéndum del 7 de mayo de 2011), la oposición legislativa ha bloqueado sistemáticamente la aprobación del cuerpo legal.
Actualmente, el proyecto de ley de Comunicación ya cumplió todas las instancias de debate en el seno del Legislativo y su contenido consta para el trámite de votación.
