A pesar que la radio Sucumbíos se encuentra tomada desde hace cuatro días por sus trabajadores, en señal de resistencia ante un despido intempestivo masivo, sus emisiones y programación son prácticamente normales. La libertad de expresión de esta radio está garantizada, pese a que existen algunas presiones para que la Gobernación controle los mensajes y contenidos que emite la estación.
En rueda de prensa, la gobernadora de la provincia, Nancy Morocho, manifestó que pese a que la Iglesia Católica no ha sido capaz de solucionar este problema en la ciudad, el Gobierno está empeñado en no callar la voz de la radio, pues si así lo hiciera, seguramente se lo acusaría de atentar contra la libertad de expresión.
“Hago un llamado a que manejemos el tema de la libertad de expresión con bastante sensatez”, dijo, ratificando que la tarea del Gobierno es respetar los derechos de la ciudadanía.
Durante estos días, la radio ha abierto sus micrófonos y líneas telefónicas para que los ciudadanos puedan expresar su apoyo a los trabajadores y condenar el despido masivo del que fueron objeto.
En ese contexto, la gobernadora explicó no se pueden coartar los mensajes que de forma espontánea expresan los ciudadanos.
La funcionaria recordó que cada quien es responsable de lo que dice o afirma y que en ese sentido se aplicará la ley, si el caso así lo requiere.
Morocho dijo que “si alguien se siente vulnerado en sus derechos, debe actuar en función de la ley”.
Insistió en su llamado a la tolerancia y a la paciencia, no solo a la población y a la Iglesia, sino a los medios de comunicación locales que se sienten –a momentos- ofendidos por los mensajes que los trabajadores despedidos de la radio han emitido en estos días.
“Como Gobierno no podemos tomar por el un grupo o por el otro, para nosotros todos son ciudadanos y ciudadanas y merecen la atención adecuada”, subrayó la funcionaria.
El director de la radio, Alcívar Bravo, recordó que el diálogo con la congregación de los Heraldos del Evangelio, administradores de la radio, sigue suspendido tras el intento de Alcívar Bravo, director de la radio Sucumbíos desalojo de los trabajadores de esa estación.
De hecho, 17 empleados se encuentran atrincherados en las instalaciones del medio de comunicación amazónico.
Al narrar los hechos, Bravo aseveró que el intento de desalojo fue violento, pero oportunamente contenido por la acción de la Gobernadora de la provincia, quien se encargó –según el radiodifusor- de controlar las acciones que fueron ordenadas por el fiscal Over Jaramillo.
“La Gobernación ha sido la mediadora en este conflicto”, expresó, al tiempo de añadir que han hecho acercamientos con el Ministerio de Relaciones Laborales, para que supervise su actual situación.
Bravo sostiene que desde que el Vicariato de Sucumbíos recibió la licencia de transmisión para la radio, nunca otorgó los recursos necesarios para su operación.
él agregó que el Vicariato solo cumple con llevar la administración del dinero que la propia emisora consigue a través de publicidad y autogestión.
“Nunca nos han dado un solo centavo para operar, hemos mantenido la independencia de la consecución de recursos (…) nosotros no manejamos las cuentas, ellos la administran”, explicó y negó que la radio esté quebrada y que haya un déficit de 27 mil dólares, como afirmó el sacerdote Ricardo Del Campo, titular del Vicariato Apostólico de Sucumbíos.
