La necesidad de normar los contenidos que difunde la prensa a través de un Consejo de Regulación, establecido en el marco de una ley de comunicación, con la finalidad de evitar los excesos de las empresas de información, abrió nuevamente el debate en Ecuador a propósito de la inclusión de una pregunta en el referéndum convocado por el presidente Rafael Correa.
‘Con la finalidad de evitar excesos en los medios de comunicación, ¿Está de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que se establezcan criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?’, plantea la pregunta 4 de la consulta popular.
El anuncio encendió las alarmas en los medios de comunicación, que lo ven como una amenaza a la libertad de expresión y como una heramienta de control. Mientras, el jurista Xavier Zavala Egas, consultado por Andes, considera que es necesario establecer normas a un sector que no ha estado acostumbrado a ningún tipo de regulación.
En cambio, para Isabel Ramos, catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), por su alto nivel de aceptación, el Gobierno no tiene necesidad de plantear una pregunta, a su criterio, “tan direccionada” y que, por lo tanto, está orientada a obtener una respuesta afirmativa.
Zavala señala que algunos medios de comunicación han sido y son proclives a excesos, especialmente en los últimos años en los que, “evidentemente, han tomado posiciones políticas frente a ideas, propuestas o ejecutorias de este gobierno”. Por eso, argumenta, la pregunta parte de una premisa o hecho cierto.
Frente a este hecho, subraya, resulta absolutamente válido consultar a la ciudadanía su criterio al respecto, en pleno ejercicio de una democracia directa que le otorga legitimidad a cualquier decisión que los poderes públicos adopten.
Isabel Ramos insiste en que el régimen no tiene la necesidad de plantear una pregunta “tan direccionada”, pese a que el contenido y el espíritu de la misma “tiene una relevancia social muy grande”.
“A lo mejor la manera de formular la pregunta puede generar ciertos desacuerdos que este Gobierno no necesita porque tiene un grado de consenso social muy grande en la sociedad ecuatoriana”, indicó la docente quien acredita 15 años en la carrera de comunicación.
Ramos insiste en que no es necesario plantear una pregunta sobre el tema de la regulación de los medios porque, argumenta, en la Constitución vigente –elaborada en 2008- tiene “espacio suficiente” para avanzar en ese aspecto.
“Un gobierno como este no requiere hacer la pregunta de esa manera cuando se ha trabajado desde distintos lugares de la sociedad y se ha instalado ya el imperativo de la regulación del espacio mediático a tal punto que las empresas comerciales, las empresas privadas de medios se han puesto a resistir como locos a esto de la regulación”, señaló.
