La localización y captura de los antisociales que arremetieron, la tarde del lunes anterior, a los guardias de seguridad de la empresa transportadora de valores Tevcol en el interior del centro comercial Quicentro Shopping, al sur de la capital, se han convertido en prioridad para la institución policial.
Eso lo confirmó ayer, tras el anuncio que hizo el comandante del Distrito Metropolitano, Juan Carlos Rueda, en torno al pago de recompensas a los ciudadanos que den información fidedigna para capturar a los hampones que causaron la muerte de una persona y seis más heridas. “Es un reto para nosotros dar con la identidad de los malhechores”, comentó Rueda, quien agregó que la institución, junto con la administración de los centros comerciales, coordina acciones para mejorar los sistemas de vigilancia electrónica, sobre todo, los dispositivos de videograbación.
Eso, a propósito de que las cintas de seguridad forman parte de los elementos de prueba dentro de un proceso penal. En otro punto de la ciudad, la doctora Katty Hermida destacó que los heridos graves evolucionan bien. También descartó el rumor de que ha fallecido uno de los guardias de seguridad.
Mientras tanto, Barry Morocho, hijo del fallecido en la balacera, Tito René Morocho Castillo, no se explicaba los motivos por los cuales fueron liberados los siete sospechosos que la Policía capturó luego del incidente. “Me parece apresurado que en menos de 24 horas hicieran todas las investigaciones y que con estas hayan deslindado cualquier indicio de responsabilidad sea directa o indirecta”, señaló desde el camposanto Monteolivo, donde velaron el cuerpo de Morocho.
La liberación ocurrió tras la audiencia de flagrancia que se realizó en la Policía Judicial, la tarde y noche del martes pasado.
El fiscal Pablo Durán se abstuvo de acusar a los sospechosos, pues no había pruebas suficientes para vincularlos con el asalto que ocurrió en el centro comercial. Entre las evidencias facilitadas por la Policía había prendas de vestir y teléfonos celulares. Sin embargo, no se encontraron armas de fuego, como se informó extraoficialmente.
El dictamen abstentivo fue acogido por el juez Vigésimo Tercero de Garantías Penales de Pichincha, Lenín Díaz, quien dispuso la libertad de los sospechosos. Ayer, el fiscal provincial Miguel Jurado defendió la labor de Durán en la diligencia.
“Solamente se debe imputar a quien objetivamente lo merece, porque la falsa de imputación también es objeto de persecusión penal”, manifestó Jurado, quien añadió que 20 testigos no han identificado a los sospechosos y garantizó que las autoridades no escatimarán esfuerzos para evitar que el hecho quede en la impunidad.
Foto: El Telégrafo
