Con el apoyo de los delegados de la región, María Isabel Salvador, representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), argumentó sobre la necesidad de convocar a una consulta de ministros de esa organización el próximo 23 de agosto. Esta reunión, con caracter extraordinario tratará la amenaza de Reino Unido.
Se pudo perfilar cómo será el panorama internacional al que deberá enfrentar Ecuador en el futuro inmediato, pues a excepción de las delegaciones de Estados Unidos y Canadá, hubo apoyo a esta consulta.
María Isabel Salvador, dijo en esta sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la sede de Washington (EE.UU.) que el gobierno británico hizo amenazas al referir un posible asalto a su embajada en Londres, de negarse a entregar al ciudadano australiano Julian Assange, ahora asilado por este país suramericano.
Esas amenazas son «inadmisibles» y constituyen «un acto hostil», subrayó Salvador, quien denunció que la actitud británica «viola normas del derecho internacional».
William MCglynn, delegado de Estados Unidos minimizó la gravedad de las acusaciones ecuatorianas contra Inglaterra y dijo que al no pertenecer el país europeo a la OEA no debe tratarse en el seno de esta organización internacional.
El delegado británico, invitado como observador, aprovechó este apoyo circunstancial para leer nuevamente el comunicado británico, una lista de normas internas que ponderan la obligación del Reino Unido de extraditar a Julian Assange a Suecia, por encima de normas internacionales de respeto a la soberanía ecuatoriana, de otorgar asilo sustentado sobre temores a la vida del fundador de Wikileaks.
«El Reino Unido no acepta el principio de asilo diplomático y no otorgaremos salvoconducto a Assange”, dijo el representante.
La delegada Wendy Ellen Drukier, de Canadá, dio unas breves palabras para no adherirse finalmente a la propuesta ecuatoriana.
Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Guyana, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México manifestaron su apoyo a la propuesta ecuatoriana de llevar a cabo una sesión de consulta con los ministros de la OEA.
